Nueva acción de sabotaje en el Metro de Madrid. Condena unánime a la acción de paralizar los trenes. La empresa denunciará en los tribunales la acción que llevaron a cabo ayer varias personas en el suburbano, que bloqueaeon diez trenes en plena hora punta, lo que afectó a 90.000 personas que sufrieron retrasos medios de unos diez-once minutos. Los incidentes, protagonizados por un colectivo contrario a la subida de las tarifas en el transporte público, han sido condenados por todos los estamentos polìticos. El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, ha subrayado que la acción ha sido «concertada» y responde al mismo patrón que la que tuvo lugar el pasado 25 de abril.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que el sabotaje ha sido un acto «muy insolidario» y que «sólo perjudica a los trabajadores madrileños, provocando que miles de ellos lleguen tarde a sus trabajos». Cifuentes ha insistido. que este tipo de actuaciones son «un ataque directo» a los ciudadanos madrileños que tienen que usar el suburbano para acudir cada mañana a sus puesto de trabajo.
Los activistas tiraron de los timbres de alarma de convoyes que estaban en las estaciones de Embajadores, El Carmen, Argüelles, Concha Espina, Alvarado, Sevilla, Callao, Colombia, Sainz de Baranda y Antón Martín. La acción tuvo lugar a las 8.29 horas y obligó a los conductores a comprobar lo ocurrido y activar el mecanismo necesario para volver a poner en marcha los trenes, por lo que se ha alargado hasta las 8.38.
Según un comunicado remitido por el colectivo ‘Stop al tarifazo’, la activación de las alarmas de emergencia ha provocado «un parón de varios minutos», siempre «cuando los trenes se encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas, por lo que no ha causado daños ni situaciones de peligro para los usuarios». Con esta iniciativa, sus autores pretenden demostrar que los ciudadanos de Madrid no aceptan la subida de tarifas y que están decididos a actuar para pararla, según ese comunicado.
El pasado 25 de abril se produjo una acción idéntica cuando un grupo de personas accionó las frenos de emergencia en trece convoyes de nueve líneas del metro madrileño y causó retrasos de varios minutos en el servicio. Tras ese suceso, que también tuvo lugar hacia las 8.30 horas, Metro denunció lo ocurrido a la Policía e informó a la Delegación del Gobierno.
Posteriormente, el 8 de mayo, un grupo denominado «actuemos contra el tarifazo» aseguró haber «inutilizado» en torno a las ocho de la mañana «decenas de compuertas de acceso al Metro de Madrid en diferentes estaciones repartidas por toda la ciudad», aunque la compañía dijo tener constancia solo de tres tornos atascados en una única estación.
La empresa ha denunciado el caso a la Policía, que ya investiga, y remitirá la denuncia a un juzgado. González Velayos ha dicho que ignora si son los mismos actividades del pasado 25 de abril en cuyo caso «serían reincidentes y sería una agravante» desde el punto de vista judicial. Eventuales reclamaciones de particulares serían añadidas a la denuncia general de Metro , ha agregado el directivo.
El delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Calvo, ha condenado el «boicot intolerable» y ha asegurado que «en un sistema democrático hay formas de expresar opiniones, incluso de ejercer oposiciones sin necesidad de entorpecer la vida de los demás ciudadanos». Calvo precisa que «para poder tener trascendencia en los medios de comunicación, son unos pocos que pretenden conseguir molestar a muchos» y desea que «se pueda identificar a los responsables y se les pueda castigar por su actuación. A su juicio, una acción como ésta «requiere de una premeditación, de una alevosía y lo único que les ha faltado es la nocturnidad para tenerlas todas».
La delegada del Gobierno cree que los saboteadores no han conseguido su objetivo, puesto que «no han conseguido parar el Metro durante un tiempo significativo, porque la media de la parada ha rondado entre 6 y 3 minutos por tren, lo que ha causado molestias a los usuarios, pero por fortuna poco relevantes». Cifuentes ha señalado que la Policía Nacional ha abierto una investigación y se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro para identificar a los autores de los hechos «para exigirles todas las responsabilidades administrativas y penales que la ley prevé».
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