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Todo preparado, a falta de limar algunos detalles. El consejo de administración de Renfe de junio aprobará el proyecto de segregación en cuatro sociedades, para que posteriormente el Consejo de Ministros lo ratifique en julio, según anuncia el presidente de la compañía, Julio Gómez-Pomar. La operadora se dividirá en cuatro empresas para prepararse ante la apertura a la competencia en el transporte de viajeros en tren prevista para el próximo 31 de julio, según detalló Gómez-Pomar durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

De las cuatro nuevas sociedades en que quedará dividida Renfe, tres canalizarán los negocios que actualmente realiza la compañía (transporte de viajeros, mercancías y mantenimiento de material rodante). La cuarta se destinará a alquiler a terceros operadores de los trenes que actualmente no utiliza la operadora. En este sentido, el presidente de Renfe respondió al informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que pedía la independencia de esta firma para garantizar la concurrencia de nuevos operadores, asegurando que «si Renfe no quisiera alquilar trenes no hubiera creado esta nueva filial».

El presidente de Renfe garantizó que la compañía «está perfectamente preparada» para afrontar la competencia con otros operadores, un proceso que, en su opinión, será bueno «en la medida en que sea bueno para el ciudadano, que se le preste un mejor servicio».

Gómez-Pomar avanzó que la operadora ferroviaria pública prevé cerrar el ejercicio 2013 con una pérdida de 173 millones de euros, frente a la de 40 millones de 2012, como consecuencia de la integración de parte del negocio de la extinta Feve y por el mayor importe que tienen que pagar a Adif en concepto de canon por uso de la infraestructura. El impacto de Feve en la cuentas de Renfe será de unos 80 millones y el del aumento del canon, de otros 90 millones más.

No obstante, el presidente de Renfe, destaca la reducción de deuda en unos 200 millones de euros que la empresa logró el pasado año, desde los 5.200 millones que presentaba, y su voluntad de continuar con el saneamiento de la compañía, que acaba de plantear a los sindicatos su intención de abordar un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario y universal.

En cuanto a la internacionalización, otra línea estratégica de la operadora, Gómez-Pomar indicó que Renfe «sigue de cerca» la licitación de concesiones de servicio en Reino Unido, y que negocia con la francesa SNCF para la futura puesta en marcha del AVE directo Madrid-París. El presidente reveló que actualmente trabajan para solventar los problemas técnicos detectados en sus trenes durante su homologación por las vías francesas, y que, en paralelo, negocian con la operadora francesa si finalmente constituyen una empresa conjunta para prestar el servicio.

Renfe se emplea ya, con labores de formación, en la futura explotación del AVE La Meca-Medina que construye un consorcio español, y competirá, también con un grupo de firmas españolas, por adjudicarse el AVE de Brasil.

Gómez Pomar no ha hurtado la información y ha confirmado que un 5,7 % de los pasajeros de los servicios regionales convencionales de media distancia, varios de ellos en Castilla y León, se verán afectados por la reducción de frecuencias que está llevando a cabo la operadora pública, lo que supone unas 900.000 personas afectadas. En la actualidad unos 30 millones de pasajeros utilizan los servicios regionales de ferrocarril, la gran mayoría los servicios convencionales y el resto los trenes Avant, en los que de momento no va haber reducciones. La reordenación supondrá la reducción de unas 500 frecuencias, al pasar de las algo más de 3.500 a las algo más de 3.000.

Con esta racionalización, que incluye también la supresión de tres servicios –dos en Andalucía y la que une Orense con Puebla de Sanabria-, Renfe pretende un ahorro «con carácter inmediato y en términos anuales de quince millones de euros», que a medio plazo puede llegar hasta los 50 millones. El déficit actual de los servicios regionales se sitúa en 238 millones de euros.

El presidente de la operadora ha explicado que lo que han hecho ha sido analizar cuáles son los servicios ferroviarios que tenían una ocupación inferior al 15% y han llegado a la conclusión de que por debajo de ese porcentaje, el ferrocarril «es ineficiente» frente a otros transportes como el autobús o, incluso, el vehículo particular.También ha explicado que se ha analizado si hay trenes de larga distancia que cubran recorridos de un tren regional que no llega al 15% de ocupación, si hay trenes de menor capacidad para cubrir ese servicio o se pueden quitar frecuencias para que la ocupación suba. Sobre los tres servicios suprimidos, ha señalado que su uso es «tan extremadamente bajo» que no tiene demasiado sentido que se mantenga trenes.