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Otra de políticos. Y ese es el mal del ferrocarril español. Demasiada política y demasiados políticos. Cuando solo los condicionantes técnicos deberían cuestionar la continuidad de las líneas. Pero desde hace muchos años, solo es política, como en otras disciplinas de este país. Y así nos va. La cuestión es que la Política ha entrado como elefante en cacharrería para confundir más al sector y a los usuarios.

La cuestión es que el plan de cierre de líneas, que el Gobierno se empeña en negar, ha encendido el país. A la crítica de usuarios, clientes, asociaciones, concejales y alcaldes se une ahora la cúpula del PSOE, como si los males no fueran también consecuencia de su improvisación y quehacer sin pensar en el futuro. Sólo se ha actuado pensando en el día a día. «Del modelo de aeropuerto sin aviones al de estaciones sin trenes». La figura elegida como paradigma de lo que sucede por el secretario federal de Organización del PSOE y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Óscar López, está bien traida. Pero esa símbolo no es nuevo. Con los socialistas se llegó a la flota más moderna del mundo; y no fue un eslogan.La renovación del parque motor visto en la distancia fue un disparate. Y aún lo estamos pagando. ¿Por qué no nos muestran los talleres de La Sagra (Toledo) donde se acumulan decenas de locomotoras apartadas de la vía con escasos kilómetros en sus lomos? Ese es otro paradigma de los tiempos de la abundancia, donde se pensaba que en este país los perros se ataban con longaniza. Y de esos polvos, estos lodos.

Según aseguran los socialistas, las comunidades autónomas más afectadas por los recortes son Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Lo cierto, y acertado, es que López ha pedido al Gobierno que retire el plan de cierre de líneas ferroviarias que, a su juicio, «es una chapuza y se ha hecho a escondidas». Su partido presentará una iniciativa el 11 de junio, durante la Comisión de Fomento del Congreso, con el fin de «exigir la retirada del plan, que es un atentado más contra el mundo rural, después de recortes en sanidad y en educación». El PSOE ha expresado su temor de que la estrategia de Fomento -ahorro en aportaciones a Renfe, expediente de regulación de empleo y liberalización de servicios- «sea el inicio de la privatización de la compañía«.

No deja de ser un cántico ante la galería, dada la mayoría popular. Tras recalcar que su partido no va a parar en esta reivindicación, ha opinado que, frente a la presión ciudadana, se ha producido una rectificación parcial y se van a mantener algunas líneas, pero ha insistido en exigir «la retirada del plan completo y, a partir de ahí, uno nuevo negociado, pero no a escondidas». «El Gobierno tenía la obligación de acordarlo con comunidades, ayuntamientos y fuerzas políticas, pero lo han aprobado de tapadillo, eliminando líneas y servicios, aunque los ciudadanos no son tontos y se están movilizando«.

López ha anunciado que, a través de iniciativas parlamentarias, exigirán «a la Junta de Castilla y León que firme un convenio para mantener los servicios en todas las líneas que no se mantengan».

Tamnbién el portavoz de Fomento del PSOE, Rafael Simancas, ha mostrado su rechazo al «plan brutal de recortes» de servicios ferroviarios que está llevando a cabo el Gobierno y que, según sus cálculos, afectará a más de tres millones de viajeros con especial incidencia en Castilla y León, entre otras autonomías. Simancas ha trasladado esta posición a representantes de los sindicatos ferroviarios (UGT, CC.OO y el sindicato de maquinistas SEMAF) durante una reunión celebrada en el Congreso, y les ha anunciado la proposición no de ley de los socialistas para «que se pare este plan de racionalización».

Según el portavoz socialista, 1,6 millones de viajeros se van a ver afectados por la supresión de servicios que el Gobierno denomina «ineficientes», y 1,4 millones más van a sufrir modificaciones a la baja de esos servicios, con supresión de paradas y frecuencias y sustitución del tren por el autobús. En trenes semanales la rebaja sería de en torno al 22%.

Simancas ha denunciado la «opacidad» con que se están llevando a cabo los recortes, al no contar con un listado público de los servicios que se van a mantener, suprimir o modificar. Los ciudadanos se enteran de que un servicio se suprime o modifica «prácticamente cuando está en la estación y ve pasar el tren sin pararse», ha dicho. ¿La movilización ciudadana podrá parar los recortes? Permitan ustedes que lo ponga en duda. Lo hecho, hecho está, me temo.