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Francia adopta la polémica reforma ferroviaria

La polémica reforma de la empresa pública de transporte ferroviario de Francia (SNCF) queda definitivamente adoptada tras el voto mayoritario en el Senado, que siguió al registrado el miércoles en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley recibió 145 votos a favor y 82 en contra en la Cámara Alta, y otros 452 y 80, respectivamente, en la votación de este jueves.

El texto prevé transformar la SNCF en sociedad anónima, fija el calendario de la apertura a la competencia y pone fin al ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la empresa estatal, un punto contra el que se han rebelado particularmente los sindicatos. Para la ministra francesa de Transporte, Élisabeth Borne, tiene como objetivo «ofrecer un mejor servicio público ferroviario», al mejor coste para viajeros y contribuyentes.

Conforme al calendario impuesto por la Unión Europea (UE) a Francia para liberalizar su sector ferroviario, el proyecto contempla la apertura progresiva a la competencia en diciembre de 2019 para los trenes regionales y a partir de finales de 2020 para los de alta velocidad. Un paso que el Gobierno ve positivo tanto para los viajeros, que dispondrán de una mayor oferta, como para las regiones, que podrán escoger a qué operador confían sus trenes.

El punto más conflictivo es su voluntad de poner en igualdad de condiciones a todos los trabajadores del sector ferroviario, que hace que a partir de enero de 2020 ningún nuevo empleado sea contratado bajo ese estatuto histórico. Un marco laboral que entre otras cosas permite ahora a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

El texto establece igualmente que el Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la SNCF para sanearla y retomar un margen de maniobra financiero que le evite caer en el futuro en un agujero de ese calibre, actualmente cifrado en unos 50.000 millones.

Los principios de la reforma fueron presentados a finales de febrero y las reuniones de concertación con los representantes del sector no han evitado las huelgas. Las protestas, impulsadas por los sindicatos CGT, Unsa, SUD y CFDT, comenzaron el pasado 3 de abril, a razón de dos días de cada cinco, y está previsto que se prolonguen hasta el próximo 28 de junio.

La ministra defiende que ningún otro Ejecutivo se ha implicado tanto en la mejora del sector y avanza que a partir de ahora volverá a reunirse con los sindicatos para contar con ellos en las siguientes negociaciones.

Tren de Cercanías para Lima y norte de país

Las autoridades peruanas lanzarán durante el segundo semestre de este año el proyecto del Tren de Cercanías para Lima y el norte del país, que se efectuará bajo el mecanismo de iniciativa privada cofinanciada, informa el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro. «Se lanzará en un proceso de promoción, don habrá diferentes empresas interesadas. El sector privado brindará sus ideas para desarrollar y hacer la etapa de preinversión en el marco de las iniciativas privadas cofinanciadas«, señala el mandatario peruano.

El viceministro asegura que optar por la inversión privada para esta obra permitirá que el Estado ahorre 100 millones de soles, unos 30 millones de dólares, en los cuatro estudios que requerirá el proyecto. «Queremos lanzar estos procesos próximamente, para ello se tiene que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Proinversión y abrir la ventana de inversiones del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)», explica Estremadoyro.

El MTC informa que el proyecto del Tren de Cercanías contará con cuatro tramos: Barranca-Lima, Lima-Ica y, en la zona norte del país Chimbote-Trujillo y Trujillo-Chiclayo. Estremadoyro remarca que esto se hará porque hay un gran movimiento de personas y mercadería entre esas localidades y un tren puede descongestionar el tráfico de vehículos en la carretera Panamericana, que es uno de los problemas de grandes ciudades como Lima y algunas intermedias del norte y el sur del país.

El viceministro inauguró el viernes el «Foro de Cooperación Ferroviario: Últimos avances en Tecnología y Gestión en Corea», organizado por la embajada de Corea del Sur en Lima. Estremadoyro sostuvo que el «milagro económico» que se dio en países asiáticos como Corea, les ha permitido un desarrollo de infraestructura bastante grande. «En 40 años ellos han volcado su infraestructura ferroviaria que era como la peruana, bastante incipiente y limitada en cuanto a extensión y el desarrollo moderno de este sistema de transporte masivo, y lo han logrado revertir. Eso es algo que nosotros queremos hacer en corto plazo«, remarca.

Estremadoyro destaca que Corea del Sur tiene una topografía con dificultades similares a las de Perú, pero ha solucionado sus problemas de ingeniería con el desarrollo de muchas autopistas y túneles, algunos de ellos inclusive debajo del agua.

En el foro, el director general encargado de Caminos y Ferrocarriles del MTC, Carlos Lozada, indicó que en el Perú existe una brecha de transportes de 58.000 millones de dólares y el presupuesto del sector para este año es de 14.000 millones de soles (unos 4.242 millones de dólares). Señaló, sin embargo, que en la actualidad hay un portafolio de 53 proyectos por un total de 26.800 millones de dólares y que al 2021 se espera que unos 11 proyectos sean entregados en concesión, entre ellos el ferrocarril entre las ciudades andinas de Huancayo y Huancavelica, así como el cuarto tramo de la carretera Longitudinal de la Sierra.

El Estado asumirá la deuda de la SNCF

El Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la compañía pública de trenes SNCF para sanearla de cara a la apertura de la competencia en el transporte ferroviario interior de viajeros. El anuncio lo hizo el primer ministro, Edouard Philippe, durante los encuentros que mantuvo, sucesivamente, con los sindicatos para discutir algunos puntos de su reforma del sector ferroviario e intentar poner fin a la huelga intermitente en la SNCF que se prolonga desde comienzos de abril, con 22 días de paros hasta ahora.

Según el esquema presentado por Philippe, el Estado haría propios 20.000 millones de euros de esa deuda en 2020, a los que se sumarían 10.000 millones adicionales en 2022. Hasta finales del pasado año, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles tenía un agujero de 46.600 millones de euros por los que ha de pagar 1.500 millones de euros en intereses cada año. Al ritmo actual, ese agujero aumenta en unos 3.000 millones de euros cada año.

El principal sindicato de la empresa, la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró a su salida del encuentro con el primer ministro que el Gobierno está «más abierto» pero reafirmó su voluntad para seguir adelante con la protesta. El secretario general de la CGT en la SNCF, Laurent Brun, aunque reconoció ante los medios que los 35.000 millones de euros constituyen una parte «significativa», se quejó de que el Ejecutivo no ha admitido que esa deuda es consecuencia de sus propias decisiones, en particular sobre la construcción de líneas de alta velocidad. Brun consideró que «la movilización es más que nunca necesaria» y que «es responsabilidad del Gobierno buscar una salida al conflicto«.

El porcentaje de huelguistas ha disminuido significativamente desde comienzos de abril, cuando era de casi el 34%, hasta algo menos del 15% el jueves, en la última jornada de protesta hasta ahora. El Gobierno espera que su anuncio de reducción de la deuda sirva para que la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) y la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT) se desmarquen de los otros sindicatos en la continuidad de los paros.

En paralelo, la ley de reforma del sector ferroviario que está en el origen de la protesta, continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. Los aspectos más polémicos de esa ley, sobre los que el Ejecutivo no está dispuesto a transigir, son el fin del particularmente ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la SNCF y la transformación de la empresa estatal en sociedad anónima.

Pulso de los ferroviarios contra Macron

La huelga de los trabajadores ferroviarios ha costado ya «un centenar de millones de euros» (123 millones de dólares) a la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles francesa, declaró este lunes su director general Guillaume Pepy. El costo de la huelga «es de unos 20 millones de euros diarios«, explicó Pepy, en declaraciones a la radio RMC y la televisión BFM.

Los franceses volvieron a vivir una jornada caótica porque, pese a que el número de huelguistas se redujo (el 24,9 % frente al 29,7 % del pasado día 4), fue de tres cuartos entre los maquinistas, lo que impidió que circularan la mayor parte de los trenes. Es una estrategia clásica en Francia en huelgas que se anuncian largas concentrar los paros en los puestos claves para que la mayor parte de los trabajadores no se vean penalizados en sus salarios, mientras se crean fondos subsidiarios para ayudar a los huelguistas. Solo circuló un tren de alta velocidad de cada cinco, uno de cada tres regionales y uno de cada cinco ferrocarriles clásicos de larga distancia. Se anuló únicamente una de cada cuatro conexiones internacionales, aunque en el caso de España solo se mantuvo una de cada cinco previstas.

Las organizaciones de trabajadores del sector que convocaron la huelga protestan contra una reforma anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron que prevé modificar los estatutos de le empresa estatal de ferrocarriles y de sus trabajadores. Los sindicatos tienen programado un total de 36 días de huelga intermitente, a razón de dos días por semana, hasta finales de junio. Las manifestaciones empezaron el 3 de abril. Este lunes, cuarto día de huelga, apenas uno de cada cinco trenes de alta velocidad (TGV) circulaban en Francia.

El gobierno asegura que no retrocederá en su reforma. Los sindicatos afirman contar con un amplio apoyo público, con más de 510.000 euros prometidos en un fondo para compensar la pérdida de salarios de los trabajadores en huelga. El presidente Emmanuel Macron, que no ha hablado públicamente sobre el conflicto desde que inició, dará una entrevista el jueves.

El movimiento de protesta de los ferroviarios franceses contra la reforma de la empresa pública de ferrocarriles que promueve el presidente del país, Emmanuel Macron, no se detiene y mantiene la presión, el mismo día en el que los diputados comenzaron a estudiar la propuesta del Ejecutivo. La cuarta jornada de paros en el pulso que los sindicatos han lanzado al Gobierno no ha hecho cambiar los planes del mandatario, dispuesto a llevar el duelo al campo de batalla de la imagen.

De esa forma, se repitieron, por cuarta vez en una semana, las imágenes de estaciones ferroviarias atestadas de pasajeros bloqueados, con el corolario de autopistas con largos atascos, que en la región de París superaron los 400 kilómetros, más del doble que en condiciones normales. Los ferroviarios se manifestaron, además, frente a la Asamblea Nacional, donde los diputados comenzaron el examen de los textos que reformarán la empresa pública SNCF.

El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, considerado el rostro de la protesta, reprochó al Ejecutivo su falta de voluntad de diálogo, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, rechazaba todo diálogo sobre el fondo de la reforma. Frente al peligro de que el movimiento de protesta se eternice, el Gobierno ha comenzado a dar ya la batalla de la imagen, para tratar de desacreditar las peticiones de los ferroviarios.

Macron saltará a la palestra el jueves próximo, en vísperas del quinto día de huelga, en una extensa entrevista en el telediario de la tarde de la cadena TF1 para explicar su reforma. Se trata de un informativo muy seguido entre sectores de bajos ingresos y en territorios rurales, los más afectados por los paros de trenes, lo que se considera una maniobra para desacreditar las peticiones de los sindicatos.

Mientras, quien dio la cara hoy fue el presidente de la SNCF, Guillaume Pepy, que en declaraciones al canal de televisión BFMTV aseguró que las huelgas han costado ya 100 millones de euros a sus cuentas e importantes problemas de abastecimiento a empresas del país, ante la escasez de trenes de mercancías. Pepy defendió la reforma del estatuto de sus trabajadores como imprescindible para que la SNCF pueda afrontar con garantías la apertura a la competencia del tráfico ferroviario que exige Bruselas. Los sindicatos denuncian que es un paso previo a la privatización de la empresa, lo que negó la ministra francesa de Transportes, Élisabeth Borne, quien afirmó que el Ejecutivo ya ha hecho algunas concesiones a los sindicatos.

La contestada reforma ferroviaria de Francia

El primer ministro francés, Edouard Philippe, subraya su «determinación» a sacar adelante su reforma del sistema ferroviario, pese a las sucesiones de huelgas que le quieren hacer plegar, y avisa de que no cederá en los principales puntos que han suscitado el rechazo sindical. En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Philippe señala que su Gobierno no renunciará a la supresión del estatuto laboral ventajoso de los trabajadores de la compañía estatal de trenes SNCF para los que sean contratados en el futuro, el aspecto más conflictivo con las centrales.

«La rigidez operativa de la empresa es un problema», subraya después de haber señalado que la consecuencia es que el costo de funcionamiento de los trenes en Francia «es excesivo». Y para mejorar esa situación -argumenta-, hay que abordar la cuestión de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), de 46.600 millones de euros al finalizar 2017, la falta de inversiones y también que las nuevas contrataciones no se hagan con el controvertido estatuto, que entre otras cosas permite a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

Francia está en jaque. Los sindicatos han decidido parar dos días cada cinco, hasta el 28 de junio. El martes y el miércoles se sucedieron las dos primeras jornadas de huelga en los trenes franceses y los sindicatos han previsto dos más, el domingo y el lunes, dentro de un calendario de 36 días en menos de tres meses. Cabe recordar que la SNCF ha sido siempre la locomotora de todas las luchas sociales en Francia y gracias a su poder de perturbación, ha sido siempre la bestia negra de todos los gobernantes que han osado intentar equiparar el estatus especial de los ferroviarios con el del común de los trabajadores del país.

El plan gubernamental quiere acabar con el estatuto especial del que disfrutan más de 130.000 de los 160.000 trabajadores de la SNCF y que les confería a los conductores la posibilidad de jubilarse con 50 años. En 2024, se retirarán a los 52. A los 57 los trabajadores «sedentarios». Otras ventajas de este estatuto son la seguridad de contar con un empleo de por vida (los EREs no les afectan); 22 días de reposo al año –aparte vacaciones- por desbordar su horario oficial en 45 minutos por día; billetes gratuitos y precios reducidos para la familia, incluidos los suegros, alquiler de pisos de renta baja, primas diversas, como la de hablar algo de español (58,98 euros al mes)…

El primer ministro señala que tampoco es negociable la apertura a la competencia del ferrocarril, aunque sí las modalidades, porque mejorará el funcionamiento de los trenes, a la vista de las experiencias en otros sectores de actividad y de países donde hay competencia en el sistema ferroviario, en particular Alemania. Amparándose en el ejemplo alemán, dijo que «si (la apertura a la competencia) funciona allí, por qué no va a funcionar aquí».

Sobre la deuda de la SNCF, Philippe indica que su Gobierno estaría dispuesto a que el Estado la asumiera, pero a condición de que en primer lugar la organización de la empresa cambie primero para garantizar que no volverá a inflarse en el futuro. Las espadas están en alto y se prevén unas jornadas difíciles para el transporte en todo el país y sus conexiones con el exterior, que también afectarán a España.

Huelga de trenes en Portugal

La huelga secundada por trabajadores de la empresa pública Infraestructuras de Portugal (IP) para exigir aumentos salariales ha afectado durante sus primeras horas a 170 trenes, que han sido paralizados en todo el país. Fuentes de la empresa ferroviaria Comboios de Portugal (CP) explican que, entre la pasada medianoche y las 10.00 hora local (09.00 GMT), 170 trayectos ferroviarios no han podido realizarse como consecuencia de este paro, convocado por varios sindicatos del sector. Se ha visto afectado el 37% del total de recorridos que se realizan habitualmente en ese periodo, agregaron las fuentes.

El de este lunes es el segundo paro que realizan los trabajadores de IP en apenas tres semanas, ya que el pasado 12 de marzo hubo una huelga similar que paralizó más de 150 trenes en todo el país. Comboios de Portugal avisó este fin de semana en un comunicado de que debido a la huelga se preveían «supresiones en todos los servicios» y que no se pondrían transportes alternativos a disposición de los usuarios. A diferencia del paro del 12 de marzo, para el que existían servicios mínimos del 25% en las zonas de Lisboa y Oporto, no se ha decretado esta medida para la huelga.

Los trabajadores de IP -que gestiona las infraestructuras ferroviarias del país, entre otras- protestan para exigir un aumento salarial, algo que no ocurre desde 2009. Aunque el sábado se celebró una reunión en el Ministerio de Planificación e Infraestructuras entre representantes del Gobierno, de IP y de los sindicatos, no se pudo alcanzar un acuerdo.

Ante esta reivindicación, Infraestructuras de Portugal propuso incrementar el valor de los complementos destinados a alimentación que reciben los empleados, lo que no ha convencido a los sindicatos, que insisten en que se actualicen las tablas salariales.

Españoles en la construcción del tren interoceánico

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha animado a las empresas españolas a participar en la construcción del llamado tren interoceánico, que conectará la nación andina con Perú y Brasil, una vez que ya se ha decidido que para ello se contará con tecnología europea. La empresa española JOCA ya participa en la construcción de un tren eléctrico en la región boliviana de Cochabamba. Las obras comenzaron el pasado mes de agosto y se prevé que estén terminadas en tres años con un presupuesto agregado de 450 millones de dólares. Se calcula que diariamente trasladará a entre 70.000 y 140.000 pasajeros.

«Estamos contentos», dice Morales en una rueda de prensa celebrada en Madrid. «Hay un deseo (…) de que no solo España con su tecnología esté en el tren urbano de Cochabamba, sino de que también sea parte del tren interoceánico», revela. El líder indígena infica que «hay mucho interés» por parte de empresas españolas y subraya que «está abierto» a que participen en esta importante infraestructura porque se hará con «tecnología europea». Países como Reino Unido, Alemania o Suiza ya se han postulado, apunta.

Morales valora positivamente la presencia de las empresas españolas en Bolivia. «El 90% ha cumplido felizmente», afirma y destaca que las empresas españolas han entendido el cambio de política económica en el país, que consiste en tener «socios», no «patrones».

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, defiende, en una reunión que ha mantenido horas antes con Morales, que las empresas españolas, ya presentes en sectores como energía, infraestructuras o medio ambiente, «pueden jugar un papel importante en el desarrollo de infraestructuras sociales, agroindustria y turismo». Morales se ha reunido también con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en La Moncloa ha destacado que «las relaciones económicas entre España y Bolivia son fluidas». En 2017 el comercio entre ambos países alcanzó los 227 millones de euros, un 14,6 por ciento más que el año anterior, con un superávit para España de 65 millones.

El trayecto comprende 3,755 kilómetros, de los cuales, alrededor de 340 corresponde a territorio peruano, 1,521 brasileño y 1,894 boliviano. Se trata de una vía férrea que cruzaría Brasil, Bolivia y Perú, con el objetivo de unir los puertos marítimos de Ilo en Moquegua y Santos (Brasil) y acceder a los mercados mundiales. Se espera que la vía permita el traslado anual de 10 millones de toneladas de mercancía y 6 millones de personas. Además, se busca facilitar las exportaciones hacia Asia. Con el tren se acortaría hasta 25 días el transporte comercial entre Brasil y China.

En noviembre de 2016, el vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, estimó que la inversión por el Tren Bioceánico sería de 13,500 millones de dólares. Pero para marzo de este año, Vizcarra ya consideraba el costo alrededor de 15,000 millones de dólares. Por su parte, Bolivia ha realizado cuatro estudios de preinversión (mercado, estrategia financiera, evaluación ambiental y costos) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

36 días de huelga de los ferroviarios franceses

Los principales sindicatos de la compañía estatal de ferrocarriles de Francia (SNCF) convocan una serie de 36 días de huelga entre abril y junio para protestar por la reforma del sector impulsada por el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron. Cuatro sindicatos ampliamente mayoritarios en la empresa (CGT, Unsa, SUD-Rail y CFDT) lanzan este desafío, que se traducirá en dos días de huelga de cada cinco entre el 3 de abril y el 28 de junio, después de que el Consejo de Ministros adoptara el miércoles la primera disposición para poder legislar por decreto en este asunto. Los detalles de esta serie de paros se conocerán una vez que estas cuatro centrales se vuelvan a reunir el miércoles próximo.

El punto que más ha crispado a los representantes de los 150.000 empleados de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) es el fin del estatuto laboral del que gozan -que contiene numerosas ventajas con respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo de cara a la jubilación-, que ya no se aplicará a los que sean contratados en el futuro. También se oponen frontalmente a los planes de apertura a la competencia de las líneas regionales y de larga distancia, que el Ejecutivo ha programado de acuerdo con sus compromisos europeos.

Otro punto que genera fricción es que el primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hace tres semanas el recurso a legislar por decreto para que los textos de la reforma puedan entrar en aplicación en verano, al tiempo que abría un proceso de concertación, pero limitado a dos meses. Philippe partía de un informe que había encargado, que advertía de que hacer circular un tren en Francia cuesta un 30% más que en otros países europeos; que la deuda de la empresa ha pasado en 20 años de 20.000 a 50.000 millones de euros; y que si no se hace nada aumentará en otros 15.000 millones en diez años.

Los sindicatos rechazan al unísono la propuesta de reforma. Recuerdan que los casi 46 000 millones de euros de deuda de la empresa se explican por la multiplicación de líneas a gran velocidad, casi todas deficitarias, aunque movilizan cerca de 110 millones de viajeros cada año. Entre 2010 y 2016 la deuda de la empresa aumentó 15 000 millones de euros, en gran parte por causa de ese tipo de servicio (el TGV, tren de gran velocidad) que aunque permite un transporte muy rápido cuesta muy caro. Estiman que el proyecto de reforma conducirá a un incremento en el precio de los pasajes, que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos.

La supresión del «régimen especial» es la línea roja que el gobierno no debería intentar atravesar, según los sindicatos. Como referencia citan los ejemplos de la empresa de teléfonos y la del Correo, cuyo estatuto -similar al de la SNCF- fue modificado hace varios años. Cierre de oficinas, aumento exponencial de la subcontratación, precarización de las condiciones de trabajo, y no pocos suicidios.

El secretario general de la sección ferroviaria de la CGT, Laurent Brun, asegura que «el Gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar» y «asume la responsabilidad de un conflicto intensivo en un periodo muy largo».

La UE bendice la conexión Lisboa-Madrid

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, que el próximo lunes participará en España y Portugal en el lanzamiento del concurso para la construcción de varios tramos ferroviarios, uno de ellos entre ambos países, espera que las autoridades españolas puedan acelerar sus plazos y acabarlo antes del 2030 previsto. «Con España sabemos que la primera fase en la parte española estará terminada en 2020 y que hay algo más de retraso en la segunda fase, en la que se han comprometido a terminarlo para 2030. Esperamos que se pueda acelerar en el futuro», dice la comisaria en una charla con varios medios de comunicación.

Bulc coincidirá el lunes con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y con el primer ministro portugués, Antonio Costa, para el lanzamiento del concurso de dos tramos del llamado Corredor Atlántico, que en su totalidad conectará con infraestructura ferroviaria la localidad española de Algeciras con el municipio alemán de Mannheim, con una rama por Madrid y otra por Lisboa. En concreto, visitarán el tramo Evora-Caia, fronterizo con España, que recibirá 184 millones de euros de financiación europea, es decir, el 56 % del total de 388 millones presupuestados.

Se trata de la parte que falta en la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa y una vez terminado permitirá la circulación de trenes más largos y rápidos, con velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora, precisaron fuentes europeas.

Rajoy, Costa y Bulc también visitarán el tramo Covilha-Guarda, que ha recibido 121 millones de euros de fondos europeos desde 2007, el 40% de los 302 millones de presupuesto, permitirá reducir el trayecto en 30 minutos y mejorar las conexiones entre ambos países ibéricos, agregan las mismas fuentes.

Respecto a la parte portuguesa, la máxima responsable de Transportes de la Comisión Europea comenta que «en el acuerdo general, la fecha límite era 2025» aunque parece que «algunas secciones se terminarán incluso antes, pero otras llevarán algo más de tiempo». Bulc destaca la importancia de estos proyectos porque proporcionan «acceso directo al mercado único a través de una infraestructura moderna de conexión» y permiten a los países de la Unión Europea «trasladar cargamento de mercancías de camiones pesados a la red ferroviaria, lo que tiene efectos muy positivos en lo que se refiere a factores externos».

En concreto, ayudan a reducir la polución atmosférica, que causa 400.000 muertes prematuras al año, y la seguridad vial, con 26.000 fallecidas cada año en las carreteras de la UE, además de ventajas económicas. «Cada incremento del 1% en la inversión en transporte genera en los siguientes 4 años un aumento del PIB de entre el 1,6 y el 2,4%», apunta la comisaria.

(Imagen CC BY-SA 2.0)