36 días de huelga de los ferroviarios franceses


Los principales sindicatos de la compañía estatal de ferrocarriles de Francia (SNCF) convocan una serie de 36 días de huelga entre abril y junio para protestar por la reforma del sector impulsada por el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron. Cuatro sindicatos ampliamente mayoritarios en la empresa (CGT, Unsa, SUD-Rail y CFDT) lanzan este desafío, que se traducirá en dos días de huelga de cada cinco entre el 3 de abril y el 28 de junio, después de que el Consejo de Ministros adoptara el miércoles la primera disposición para poder legislar por decreto en este asunto. Los detalles de esta serie de paros se conocerán una vez que estas cuatro centrales se vuelvan a reunir el miércoles próximo.

El punto que más ha crispado a los representantes de los 150.000 empleados de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) es el fin del estatuto laboral del que gozan -que contiene numerosas ventajas con respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo de cara a la jubilación-, que ya no se aplicará a los que sean contratados en el futuro. También se oponen frontalmente a los planes de apertura a la competencia de las líneas regionales y de larga distancia, que el Ejecutivo ha programado de acuerdo con sus compromisos europeos.

Otro punto que genera fricción es que el primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hace tres semanas el recurso a legislar por decreto para que los textos de la reforma puedan entrar en aplicación en verano, al tiempo que abría un proceso de concertación, pero limitado a dos meses. Philippe partía de un informe que había encargado, que advertía de que hacer circular un tren en Francia cuesta un 30% más que en otros países europeos; que la deuda de la empresa ha pasado en 20 años de 20.000 a 50.000 millones de euros; y que si no se hace nada aumentará en otros 15.000 millones en diez años.

Los sindicatos rechazan al unísono la propuesta de reforma. Recuerdan que los casi 46 000 millones de euros de deuda de la empresa se explican por la multiplicación de líneas a gran velocidad, casi todas deficitarias, aunque movilizan cerca de 110 millones de viajeros cada año. Entre 2010 y 2016 la deuda de la empresa aumentó 15 000 millones de euros, en gran parte por causa de ese tipo de servicio (el TGV, tren de gran velocidad) que aunque permite un transporte muy rápido cuesta muy caro. Estiman que el proyecto de reforma conducirá a un incremento en el precio de los pasajes, que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos.

La supresión del “régimen especial” es la línea roja que el gobierno no debería intentar atravesar, según los sindicatos. Como referencia citan los ejemplos de la empresa de teléfonos y la del Correo, cuyo estatuto -similar al de la SNCF- fue modificado hace varios años. Cierre de oficinas, aumento exponencial de la subcontratación, precarización de las condiciones de trabajo, y no pocos suicidios.

El secretario general de la sección ferroviaria de la CGT, Laurent Brun, asegura que “el Gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar” y “asume la responsabilidad de un conflicto intensivo en un periodo muy largo”.

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