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¿Marca España para el metro de Bogotá?

Bogotá da el paso más importante de su historia reciente. Las autoridades colombianas abrieron este viernes la licitación para la construcción del metro elevado de Bogotá cuyo coste total será de 11 billones de pesos (unos 3.440 millones de dólares) y a la que aspiran seis consorcios compuestos por 22 empresas de España (Acciona, FCC, OHL y Sacyr), Italia, Alemania, Brasil, China y México.

“Se acabaron los discursos”, dijo el presidente Iván Duque, al explicar que durante una investigación que realizó para la universidad, encontró en el diario La República un informe que decía “listo el inicio del metro”, de hace 60 años. Bogotá, con casi ocho millones de habitantes y un sistema de transporte público deficiente, es la única gran ciudad latinoamericana que no cuenta con metro. Fuentes de la Alcaldía confirman que el coste total del proyecto será de 12,9 billones de pesos (unos 4.019 millones de dólares).

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que “en las próximas horas” le enviarán a los seis consorcios finalistas, tras descartar a uno, “toda la documentación” necesaria que incluye las condiciones, la minuta del contrato y sus 22 apéndices. En esa documentación se describen las especificaciones técnicas obligatorias relacionadas con temas como obra civil, edificios, trenes, suministro eléctrico, talleres, centro de control y redes de comunicaciones, entre otros. Una vez recibida la información, los consorcios deberán presentar sus propuestas antes de septiembre para construir el metro y administrar la operación durante 20 años.

Peñalosa explicó que la construcción tardará ocho años y que el 70% del valor de la obra es gasto local, obra civil “hecha en Colombia por trabajadores colombianos”. “Estamos hablando de una inversión de casi ocho billones de pesos en obra civil colombiana y si a eso le sumamos las troncales alimentadoras serán casi 11 billones de pesos en obra local que va a generar decenas de miles de empleos de todo tipo”, agregó.

Entre los seis consorcios que cumplieron todas las condiciones de experiencia y capacidad legal y financiera está el Consorcio Metro de Bogotá, compuesto por la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Concesiones de infraestructura S.L.U., Carso Infraestructura y Construcción S.A. de C.V. (México) y Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V., también de México.

Igualmente están APCA Metro Capital, con participación china, alemana y mexicana a través por de ICA constructora, Power China International Group Limited y Siemens Project Ventures. Aspira también el Consorcio Sunrise, compuesto por Acciona Construcción S.A. (España), Impregilo International Infraestructures, Ansaldo STS S.P.A e Hitachi Rail Italy S.P.A (Italia), así como APCA TransMimetro, conformada por varias empresas de capital chino.

Finalmente, están Consorcio Línea 1, conformado por la española Obrascón Huarte Laín (OHL), las brasileñas Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.; Camargo Correa Infra Constructores S.A y CCR S.A. y Unión Metro Capital, encabezada por la española Sacyr.

El investigador en asuntos de movilidad, Darío Hidalgo indicó que este es un paso definitivo “en el camino de la movilidad sostenible que tanto requerimos en el país. El metro, siendo eléctrico, generará condiciones especiales para la sostenibilidad”. Otras ventajas cuando se consolide el sistema, a juicio del experto, es el ahorro en tiempos de viaje y el mejoramiento de las condiciones de equidad de los ciudadanos pues, para él, “quienes lo usarán son personas que deben realizar largos recorridos”.

Un error aparta a Cepsa de la puja eléctrica

Cepsa Gas y Electricidad ha quedado excluida, “por un error formal en la presentación de las ofertas”, de la licitación del contrato de suministro de energía eléctrica ‘verde’ con garantía de origen para 2019 y 2020 de Adif Alta Velocidad (Adif AV). Además de Cepsa, otra empresa (Energía DRL Comercializadora) no fue admitida al procedimiento, aunque en este caso, por haber presentado la oferta fuera de plazo.

Cepsa pujaba por una parte pequeña de lotes y recibió la comunicación de que no seguiría en el proceso por “un defecto de forma” en la presentación, tras la apertura del procedimiento de adjudicación con la separación de los sobres el pasado 15 de junio. La mesa de contratación desestimó la propuesta de Cepsa porque los sobres “no nominados” de los “nominados”, los primeros llevaban el sello identificativo de la compañía, cuando debían haberse presentado sin referencias, de forma anónima, según adelanta El Confidencial.

En total, Adif AV recibió ofertas de diez compañías eléctricas para pujar por este megacontrato valorado en 507,5 millones de euros (IVA incluido). La licitación contempla la posibilidad de prórroga del contrato por un año más, de común acuerdo y en las mismas condiciones, con lo que el importe para el período 2019-2021 se eleva a 629 millones de euros (sin incluir el IVA).

Tras la exclusión de Cepsa, siguen en la puja nueve compañías: Nexus Energía, EDP Comercializadora, Iberdroal Clientes, Acciona Green Energy Developments, Endesa Energía, Gas Natural Comercializadora, Audax Energía, Factor Energía y Aura Energía. El sistema elegido por Adif para esta licitación se ajusta a diversos criterios de negociación del precio de la energía para lograr los mejores costes.

Fomento inicia esta semana el proceso para seleccionar al primer competidor de Renfe

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Paso a la competencia, aunque sea limitada a un solo corredor. El Ministerio de Fomento prevé que la próxima semana pueda iniciar el proceso de selección de la primera empresa privada que entrará a competir con Renfe en transporte de viajeros en tren. El departamento que dirige Aana Pastor publicara la Orden Ministerial que determina las condiciones que debe cumplir el futuro primer operador privado de AVE, para formalizar el preceptivo proceso de información pública.

Siete empresas privadas ya se han interesado en entrar en el sector y cuentan ya con licencia de operador ferroviario de viajeros y el correspondiente certificado de seguridad. Se trata de las constructoras Acciona, ACS y Comsa, las compañías de transporte en autobús Alsa e Interbús, el grupo Planeta, a través de VeloiRail; y la firma andaluza Eco Rail. Las también empresas de autobuses La Sepulvedana y Avanza tienen el título de operador, pero están a la espera de lograr el certificado de seguridad.

Una vez que este pliego de condiciones cumpla con el trámite de información pública, el Ministerio de Fomento espera sacar a concurso el primer ‘titulo habilitante’ de operador ferroviario. El objetivo es que el operador privado que se haga con este título empiece a operar a lo largo de 2015, en competencia con Renfe y rompiendo su monopolio.

En virtud del proceso de apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren diseñado por el Gobierno, la liberalización de este sector será progresiva, de forma que en una primera fase de siete años sólo se permitirá la entrada de un único competidor privado y sólo en un corredor, en el del AVE a Levante.

El inicio de la apertura a la competencia del sector coincide con el destacado aumento de pasajeros que registra el servicio de Alta Velocidad de Renfe desde que el pasado año rebajara los precios de los billetes. La operadora pública prevé cerrar este ejercicio con un máximo histórico de 28 millones de viajeros. Sin embargo, Renfe Viajeros registró una pérdida neta de 97,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone elevar en un 29% los ‘números rojos’ contabilizados un año antes, en parte por el aumento de sus gastos financieros.

Las cuentas de la división de la operadora pública encargada del transporte de viajeros en tren se ven también afectadas por el incremento del 22% del canon que paga a Adif por el uso de las vías y las estaciones del tren, y por el coste del expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha el pasado año (13,6 millones de euros).

(Imagen Alberto Ferreras)

Tres consorcios liderados por Sacyr, Acciona y Ferrovial pujan por el montaje del AVE a Galicia

Tres consorcios liderados por Sacyr, Acciona y Ferrovial han hecho ofertas para hacerse con el montaje y el mantenimiento del tramo entre Olmedo (Valladolid) y Santiago de Compostela del AVE Madrid-Galicia, valorado en 647,3 millones de euros. Los tres consorcios interesados en el contrato, dividido en dos lotes, los forman 14 empresas.

Sacyr, Azvi, Coalvi y Assignia Infrestructuras forman uno de los consorcios, mientras que Acciona Infraestructuras, FCC Construcción, Comsa, Copasa y Guinovart forman otro.

Ferrovial Agromán, Tecsa, Vías y Construcciones, Iberovías y Cosfesa conforman el tercer consorcio interesado en el proyecto.

Adif recordó que el contrato se realizará mediante la fórmula de colaboración público-privada.

El pasado abril, el Ministerio de Fomento informó de la licitación, a través de Adif , de los contratos de las obras para la conexión de la alta velocidad entre Madrid y Galicia por un importe de 2.332,5 millones de euros, con el objetivo de poner en marcha el servicio a finales de 2015.

Adif señaló que la existencia de estas tres ofertas pone de manifiesto “el interés del sector empresarial por la fórmula CPP, y respalda este sistema de cooperación entre las administraciones y el sector privado para el desarrollo y modernización de infraestructuras y servicios públicos de interés estratégico”.

Para la ejecución de cada uno de los lotes que constituyen el contrato se constituirá una Sociedad de Propósito Específico (SPE) participada por Adif y las empresas que resulten adjudicatarias. El capital social de la SPE ascenderá al 10% del presupuesto de inversión resultante de la adjudicación. Adif participará en un 10% en dicho capital y sus socios privados en el restante 90%.

Según la articulación de la inversión por la SPE, los pagos por obra, que suponen el 40% del presupuesto de ejecución del contrato, se hacen efectivos por Adif en la fase de obras, mientras que los pagos por obra diferidos, que ascienden al 60% del presupuesto de ejecución, se hacen efectivos periódicamente.

Por su parte, los pagos por disponibilidad, condicionados a la calidad de los servicios de mantenimientos, se realizarán en la fase de explotación. El plazo del servicio de disponibilidad será de 25 años desde la puesta en servicio.