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Los paros en los trenes contra la segregación de Renfe comienzan hoy con severos mínimos

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Comienzan los paros. Las once jornadas de protesta, con paros parciales, y tres días de huelga, convocados por los sindicatos CGT y SF-Intersindical contra la segregación de Renfe, aprobada por el Gobierno el pasado mes de septiembre, comenzarán este lunes. Los convocantes rechazan este proyecto, que contempla la segregación de Renfe en cuatro sociedades, una medida con la que el Gobierno pretende preparar a la operadora ferroviaria pública para la eventual entrada de competidores privados en transporte de viajeros en tren. Los paros parciales de dos horas por turno se efectuarán los días 28, 29 y 30 de octubre, y los días 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de noviembre.

Los 28.000 trabajadores de Renfe y Adif están llamados toda esta semana a una serie de paros alternos (seis horas diarias distribuidas entre mañana, tarde y noche) que culminarán el jueves próximo con una jornada de movilización de 24 horas. El hándicap para los convocantes es que la protesta sólo ha sido secundada por dos centrales más bien minoritarias, como el Sindicato Ferroviario y CGT, al preferir quedarse al margen las otro cuatro asociaciones sindicales del sector, entre ellas UGT, CC OO y el colectivo de maquinistas (SEMAF).

El Ministerio de Fomento ha fijado unos severos servicios mínimos que, en la práctica, parecen abocar los paros al fracaso. En el caso de la operadora ferroviaria, Renfe mantendrá activos el 72% de sus viajes en AVE, mientras que en el caso de los trayectos de media distancia la oferta alcanzará el 63%. También en Cercanías las protestas se notarán menos de lo temido por los usuarios, pues se asegura la circulación de hasta el 75% de los trenes en hora punta -es decir, tanto a la entrada matutina a los trabajos como en la salida vespertina de los mismos- y del 50% durante el resto de la jornada.

En el caso del administrador de la red, el personal disponible para estos servicios «esenciales» fijados por el departamento que dirige Ana Pastor alcanzará el 17,70% de la plantilla, llegando a casi el 20% el jueves, cuando está prevista la huelga de 24 horas, justo en víspera del inicio del Puente de Todos los Santos. Por su parte, la patronal de las empresas de transporte de viajeros en autobús (ASINTRA) reforzará su oferta durante los próximos días para mitigar la repercusión de los paros , llegando a habilitar hasta 50.000 plazas adicionales.

Tanto el Sindicato Ferroviario como CGT justifican sus movilizaciones en la necesidad de frenar el proceso de liberalización del sector que, según denuncian, se ha hecho sin consenso ni establecer una negociación real con las centrales. «Se han limitado a informarnos de cómo iban las cosas, pero sin posibilidad alguna de matizar o cambiar algún aspecto», se quejan sus responsables, que aducen que con la segregación de Renfe en cuatro sociedades mercantiles y de ADIF en otras dos se quiere «privilegiar» las más rentables frente al resto, «pensando en su privatización».

Este cambio del modelo ferroviario tampoco convence al resto de los sindicatos, aunque UGT y CC OO prefieren apurar aún más cualquier «mínima» opción de «cambio dialogado» antes de ir a la huelga. Por este motivo, no descartan incorporarse más adelante al resto de paros previstos -en noviembre los habrá con carácter parcial todos los lunes y viernes, incluida una manifestación en Madrid el día 23 de ese mes-, que incluyen otras dos huelgas totales los próximos días 5 y 20 de diciembre, es decir, justo en víspera del Puente de la Constitución y del inicio de las vacaciones navideñas, respectivamente.

Desde Fomento se ha comunicado ya a los representantes de los trabajadores la apertura de sendos expedientes de regulación de empleo durante 2014, uno de 300 personas para Renfe y otro de 250 para Adif. En principio, tendrán carácter voluntario, aunque las autoridades gubernamentales no descartan otras opciones si no se alcanzan las cifras previstas. Se aplicarán también las condiciones de la reforma laboral (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades), aunque podría haber mejoras negociadas con los sindicatos. Estos últimos denuncian que mientras «se destruye empleo» en estas empresas públicas, el Ministerio ya ha empezado a externalizar algunas de sus actividades rentables (por ejemplo, la fibra óptica o el mantenimiento de las líneas de alta tensión y las subestaciones).

Los paros previstos desde este lunes al miércoles abarcan tres franjas horarias: de 7:00 a 9:00 horas de la mañana, de 15:00 a 17:00 horas de la tarde y de 23:00 a 1:00 horas de la noche. El jueves la huelga será total (hasta las 23:00 horas en el caso de Renfe). Para cualquier duda, se puede acudir a las páginas web de Renfe y Adif, o llamar a sus teléfonos de atención al público (902-320320 y 902-432343, respectivamente).

La prueba piloto del sistema satelital de control de trenes se pondrá en funcionamiento «en breve»

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha avanzado este miércoles que en breve comenzará a funcionar la prueba piloto del nuevo sistema satelital de control de trenes, que ella misma anunció tras el accidente del Alvia en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio, en el que murieron 78 personas y resultaron heridas más de un centenar. Pastor ha asegurado que la veintena de medidas que anunció después del suceso ya están puestas en marcha, aunque con diferentes niveles de implantación.

Al menos cuatro grandes ejes se contemplan en este plan de serguridad. Los técnicos trabajan en la auditoría «palmo a palmo» de toda la red ferroviaria para detectar insuficiencias en la seguridad; el comité de expertos creado tras el accidente de Angrois se ha reunido ya tres veces; se están revisando el cuadro de velocidades, los procedimientos operativos y el sistema de identificación de viajeros; y en breve se empezará a tramitar el real decreto de asistencia integral a las víctimas de accidentes ferroviarios. En la misma línea, se analizará el protocolo de reconocimientos psicofísicos de los maquinistas, «reduciendo los plazos e incrementando las exigencias».

Pastor también ha asegurado que se ha incrementado en nueve personas el equipo de registros jurídicos, y ha señalado que en la reunión de ministros de Fomento de la UE que tendrá lugar hpy en Luxemburgo presentará una propuesta sobre ubicación y protección de equipajes en los trenes, ya que «pueden suponer un elemento de riesgo» y el Gobierno cree que debería haber una legislación común al respecto. También ha puesto ya en marcha una modificación normativa para que el Congreso tenga una «mayor participación» en la elección de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), para lo cual «el PP presentará una enmienda a alguna ley para dar cobertura legal al real decreto» por el cual se tramitará este cambio.

La ministra ha recordado asimismo que ya se han aplicado algunas mejoras de señalización y balizas en algunos tramos de la red, asunto sobre el que se sigue trabajando; y que se cambiará el decreto de estructura del Ministerio para que «la Dirección General de Ferrocarriles se dedique exclusivamente a funciones de seguridad y planificación, y no como hasta ahora, que parte de sus medios se dedicaban todavía a construcción». Próximamente se pondrá en marcha un Plan de Seguridad Ferroviaria y también se está trabajando ya en la integración de los sistemas de comunicación de los trenes en un único método de manos libres, o en los ‘check list’ que deben comprobar los maquinistas cuando hacen un relevo.

Ana Pastor ha asegurado que los 28.000 empleados de Fomento, Adif y Renfe trabajan diariamente «con una comunicación permanente y fluida» en favor de la seguridad de la red ferroviaria española, que es «una prioridad absoluta de todos los gobiernos» ya que por los trenes de alta velocidad, convencionales y de cercanías pasan anualmente más de 400 millones de viajeros. «Todas las mañanas y noches de todos los días hay personal dedicado exclusivamente a la seguridad. Mientras estamos aquí hay personas controlando la alcoholemia o las drogas, revisando los bojíes y la catenaria», ha recordado, subrayando que los controles de seguridad se aplican desde el diseño de las líneas hasta su puesta en funcionamiento, y de manera constante en todos los actores del sistema (vías, maquinistas, trenes, etc.), con inspecciones periódicas. Además, ha subrayado que la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras contribuye a la mejora de la seguridad de la red. «Mejorar la señalización, cambiar de vías o hacer redes de alta velocidad no es un lujo; significa mejorar la seguridad», ha insistido la titular de Fomento.

Entre 2005 y 2013 se han invertido 4.731 millones en infraestructuras de seguridad y mejora y modernización de las redes existentes, incluyendo 592 millones en la eliminación de 1.982 pasos a nivel desde el año 2000, objetivo que el año próximo contará con 44 millones adicionales a pesar de que España tiene «menos de la mitad» de estos pasos por cada diez kilómetros de línea con respecto a la media europea.

La ministra también ha destacado el papel que jugará la nueva subcomisión de seguridad ferroviaria, que este jueves recibirá el visto bueno del Pleno del Congreso para poder ser constituida en el seno de la Comisión de Fomento. «Le doy gran importancia a esta subcomisión, donde se podrá trabajar, hacer propuestas y poner sobre la mesa muchos elementos de debate y análisis», ha dicho, pidiendo la colaboración activa de todos los grupos.

Los responsables de Fomento y de sus organismos dedican «tiempo a colaborar, como no puede ser de otra manera, con la Administración de Justicia», particularmente con el juzgado gallego que investiga el accidente de Santiago, «facilitando todo lo necesario». Y todo sin olvidar en ningún momento la atención a las víctimas, con la vista puesta en «no añadir más sufrimiento» al que ya padecen. «Vamos a trabajar, y lo estamos haciendo, y hay muchos grupos contribuyendo a poner esa sensatez que se precisa cuando hay un suceso como el que ha ocurrido. Les pediría a todos contribuir en esa línea de resolver los problemas. Pero recordar también que cada vez que se nombra un tren, un cercanías, un maquinista en España se habla de lo mejor de nuestro país, y no me gustaría que se pudiera velar esa gran imagen merecedísima que tienen los profesionales del sector ferroviario», ha zanjado.

Renfe y Adif invertirán cerca de 200 millones para acrecentar la seguridad en el transporte ferroviario

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La seguridad no es gratuita. Renfe y Adif invertirán 195,5 millones de euros el próximo año en ejecutar distintas actuaciones para mejorar la seguridad del transporte ferroviario, según anunció el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. La operadora ferroviaria cuenta con una partida de 20 millones para realizar las actuaciones que deriven del resultado de la auditoría que el Ministerio de Fomento instó a realizar en toda la red ferroviaria tras el accidente ferroviario de Santiago del pasado mes de julio. Mientras, el administrador de infraestructuras dispondrá de un presupuesto de 50 millones de euros para seguir implantando el sistema de seguridad y señalización ERTMS. En concreto, en 2014 este sistema, con el que cuentan todas las líneas AVE, se implantará en el Eje Atlántico gallego de Alta Velocidad y en las Cercanías de Barcelona, según detalló el ‘número dos’ de Fomento.

Estas partidas para mejora de la seguridad forman parte del presupuesto de 4.573 millones de euros con que Fomento contará en 2014 para invertir en ferrocarril, un 2,80% inferior al de 2013. De este monto total, 3.194 millones se destinarán a seguir ejecutando las líneas AVE actualmente en construcción, otros 121 millones de euros a Cercanías y 908 millones al ferrocarril convencional (323 millones a obras de reposición y 585 millones a mantenimiento). Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Catalá enmarcó estas inversiones en la «permanente» atención que el Ministerio presta a la seguridad en el transporte en tren.

Adif destinará además 45 millones de euros a continuar suprimiendo pasos a nivel de la red ferroviaria convencional y otros 60 millones en diversas medidas de mejora de la seguridad. Hasta ahora las memorias de los presupuestos de Fomento se limitaban a recoger la necesidad de seguir mejorando en toda España el sistema de seguridad inferior al ERTMS, el ASFA, que frena los trenes solo al paso por balizas instaladas en puntos determinados de las vías, para su conversión progresiva en ASFA Digital.

El grueso de estas inversiones se canaliza a través de Adif y, en menor medida de Renfe, que contará con 160 millones para pagar las anualidades correspondientes de los nuevos trenes que compró hace unos años. No habrá nuevas compras de vehículos. La flota de Renfe está conformada por 360 locomotoras y 13.792 vagones para tráfico de mercancías. A estos números se suman los correspondientes al tráfico de viajeros, para lo cual cuenta con un total de 1.164 trenes autopropulsados y 91 locomotoras.

Respecto a las inversiones en Cercanías, la mitad (63 millones) se destinarán a las de Barcelona, otros 24 millones a las de Madrid, 15 millones a la red de Valencia y 5 millones a la de Sevilla.

El Gobierno da luz verde a la división de Renfe en cuatro sociedades para liberalizar el ferrocarril

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Alea jacta est. Luz verde a la polémica división de Renfe en cuatro sociedades filiales que empezarán a operar el 1 de enero de 2014, enmarcada dentro del proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros. El siguiente paso será la aprobación de esa segregación por parte de la propia compañía a finales de octubre, lo que la convertirá en un ‘holding’ con entidades distintas para cada actividad. Así habrá cuatro sociedades: el referido transporte de viajeros -que la Comisión Europea obliga a abrir a la competencia con el sector privado antes de diciembre de 2019, si bien el Gobierno pretende anticiparse a ese plazo-, transporte de mercancías, fabricación y mantenimiento de trenes y, por último, alquiler de material rodante.

El proyecto liberalizador -en el que aún queda pendiente de resolver el futuro de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias que también podría quedar dividido en dos sociedades– ha recibido el rechazo generalizado de los sindicatos, entre otras cosas porque incluye la salida ya este mismo año de 500 empleados de Renfe, lo que supone un 4% de la plantilla actual de 14.900 personas. Se hará a través del expediente de regulación de empleo (ERE) «universal y voluntario» que ya está en marcha en la empresa tras recibir el visto bueno de la comisión formada por el Ministerio de Fomento y el de Empleo.

Sigue sin clarificarse las condiciones económicas con las que se irán, dado que Renfe ha anunciado que no entrará en detalles hasta que se abra formalmente la negociación del ERE, aunque no descarta que pueda haber «despidos» directos si no se alcanza la cifra prevista. Fuentes sindicales, no obstante, apuntaron que a priori se contemplan tanto prejubilaciones como bajas incentivadas con 20 días de indemnización por año.

Los sindicatos se muestran muy preocupados porque la compañía no prevé sustituir esas plazas con nuevos trabajadores -aunque tengan sueldos menores-. De todas formas, creen que, en caso de planteárselo, sería a costa de reducir la compensación para las bajas que se registren. Su temor es que, en la práctica, se busque una reducción de empleo y de producción, sensación que se ha visto acrecentada tras las «falsas promesas» de negociación recibidas, critican.

Las posiciones en estos momentos están claramente distanciadas. Las intenciones del Ministerio de Fomento, como responsable último de Renfe, y las propias centrales están en las antípodas. Los sindicatos denuncian que «la amenaza de privatización de los servicios ferroviarios es ya una realidad» y se quejan de que la anunciada internalización de cargas de trabajo (que podrían salir fuera de la compañía con este proceso) «sigue siendo un mero canto de sirena». La respuesta gubernamental es que la vía del diálogo sigue abierta y que se tratará de buscar «el mayor consenso posible» con los representantes de la plantilla, aunque en la práctica apenas ha habido avances en este sentido.

La principal de las nuevas sociedades que se van a crear, Renfe Viajeros, echará a andar con un valor de 2.386 millones de euros, algo más de la mitad de los 4.360 millones de deuda que arrastrará en sus cuentas desde su nacimiento. Buena parte de ese pasivo está vinculado con los nuevos trenes que ha ido adquiriendo la operadora en los últimos años; de hecho, el grueso (84%) del endeudamiento que soporta en la actualidad la empresa matriz: 5.164 millones.

Los ingresos previstos de Renfe Viajeros son de 2.000 millones de euros ya en 2014 -su primer año de funcionamiento-, y otros 1.000 más en el horizonte de 2020. Las otras tres sociedades que se formarán son Renfe Mercancías, Renfe Alquiler de Material Ferroviario y Renfe Mantenimiento y Talleres.

La UIC sostiene que la ‘Y vasca’ posibilita una mayor cohesión social y amplía caudal para las mercancías

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Espaldarazo europeo al TAV. La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco, Ana Oregi, y el director de Alta Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), Iñaki Barrón, han analizado la influencia que tendrá en la movilidad de las ciudades la puesta en marcha del trazado ferroviario de alta velocidad en Euskadi. Oregi y Barrón se reunieron el pasado fin de semana en París para estudiar diversas cuestiones relacionadas con la próxima puesta en servicio de la «Y» ferroviaria vasca, con especial referencia a la intermodalidad y movilidad.

La consejera ha recordado que aunque pueda parecer que queda tiempo hasta la puesta en marcha de esta infraestructura, «lo cierto es que está ya cerca la llegada de su operatividad enlazada directamente a Europa y hay que contextualizarla con el resto de infraestructuras tradicionales de transporte que también se han desarrollado».

La opinión y el trabajo de expertos como Barrón y la UIC es «decisiva en la activación de las principales nuevas líneas ferroviarias de todo el mundo». La UIC agrupa a más de 230 empresas y organizaciones relacionadas con las infraestructuras y los operadores de transporte ferroviario de mercancías y viajeros. En la actualidad los miembros de la UIC representan el 85% de los ferrocarriles del mundo, suman cerca de un millón de kilómetros y sus trabajadores son cerca de siete millones y medio de profesionales, que trabajan en todos los ámbitos relacionados con el ferrocarril.

El Gobierno vasco ha informado de que en esa reunión, Barrón sostuvo que la línea de alta velocidad vasca «es algo más que una simple reducción de tiempos en el transporte de media o larga distancia, ya que posibilita una mayor cohesión social de las regiones y una nueva oferta y amplias posibilidades también para las mercancías». Además, el representante de la UIC y la consejera analizaron la penetración de la «Y» en las ciudades, como un elemento «básico» en la intermodalidad en el transporte.

La noticia coincide con un nuevo respaldo de Fomento al proyecto vasco. Ana Pastor ha asegurado que entre 2012 y 2013 se están destinando 1.428 millones de euros a las infraestructuras de transporte vascas de los que casi de 1.196 millones son para el proyecto de la «Y vasca». La titular del departamento ha señalado que la inversión del Gobierno a esta infraestructura ha supuesto un esfuerzo importante, aunque seguramente no ha sido suficiente. Pastor señala que, aunque se trata de obras complejas que llevan demasiado retraso, la «Y Vasca» es una infraestructura clave para el País Vasco, para España y para la conexión con Francia.

Por lo que respecta a la inversión, Pastor ha explicado que el ministerio ha dedicado más de 740 millones de euros en 2012 a las infraestructuras de transporte vascas, mientras que Fomento ha ejecutado directamente una inversión de 394 millones, de los que 307,24 millones se han destinado a la «Y vasca». Además, se ejecutaron 347,7 millones de euros en el ramal guipuzcoano financiados por el Estado.

Por lo que respecta a 2013, Pastor recuerda que en los presupuestos de este año se destinarán 315,7 millones al País Vaco de los que 238, el 75,5%, son para el ferrocarril y 190 millones para la «Y vasca». Un importe al que se añaden los 350,7 que tiene previsto ejecutar el Ejecutivo de Urkullu. «Cuando llegué al Gobierno las obras de plataforma se habían iniciado pero el 72,42% de la inversión estaba sin ejecutar y no estaba garantizada la financiación», ha criticado Pastor, que ha añadido que su departamento está buscando financiación y que éste es un proceso complicado en un momento como el actual.

«No le puedo prometer lo que no depende de mí. Todo el mundo se está ajustando el cinturón», ha señalado la ministra al tiempo que ha reiterado que el Gobierno trabaja para que sea una realidad lo antes posible. Por otro lado, ha afirmado que la planificación de la infraestructura adolecía de realismo y que «prometer hacer cosas sin dinero o con dinero prestado es fácil».

(Imagen Ignacio Pérez)

España inicia esta semana la puja por el TAV de Brasil con dos grupos que lideran Talgo y CAF

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Dos propuestas españolas. El próximo viernes se cierra el plazo oficial para presentar ofertas en el macroconcurso para la puesta en marcha del TAV de Brasil, el ‘trem bala’ (como lo llaman allí) que en una nueva línea ferroviaria de 511 kilómetros unirá tres de las 10 ciudades más pobladas del país: Rio de Janeiro, Sao Paulo y Campinas. El coste total del proyecto se estima en 13.000 millones de euros, aunque los expertos del sector creen probable que finalmente haya desviaciones al alza como suele ser habitual en una obra de tal magnitud. Y es que casi 200 kilómetros del trazado tendrán que realizarse en túneles, puentes y viaductos, lo que eleva el grado de dificultad y los costes añadidos.

La intención inicial del Gobierno de presentar una única oferta que aunara a empresas públicas (Renfe, Adif e Ineco) con privadas (ACS-Cobra, Indra, Abengoa y Bombardier, entre otras), y que tan buen resultado le dio con el AVE a La Meca -el mayor logrado en el exterior por compañías españolas, con una dotación de casi 6.740 millones de euros- se ha visto frustrada. Las divergencias entre Talgo y CAF, ante la intención de la primera de que sólo hubiera un fabricante en el grupo, han hecho que la compañía guipuzcoana optara por buscarse nuevos aliados aprovechando, además, que ya cuenta con una planta en el estado brasileño de Sao Paulo, desde donde se ha hecho con varios contratos de suministro a nivel local.

El Ministerio de Fomento se plantea apoyar finalmente dos consorcios (uno con Talgo y otro CAF), en los cuales habría la misma representación de empresas públicas. Aunque esa división podría restar fuerza frente a ofertas unitarias de otros países, en el departamento de Ana Pastor valoran que sería una forma de salvaguardarse de la imagen negativa causada por el accidente de Santiago, pues el tren fue fabricado por Talgo y la seguridad de la vía diseñada por sus socios.

La primera fase -ahora en liza y que se adjudicará el 23 de septiembre (sólo restaría después el trámite formal de la aprobación por el Gobierno federal)- conlleva establecer lo que sería la ‘superestructura’ de la línea (fundamentalmente, sistemas de electrificación, señalización, seguridad y telecomunicaciones) y explotar el servicio ferroviario durante 40 años. El concurso tiene una dotación de 2.450 millones de euros y aspiran a él las principales multinacionales del sector.

Hablamos del primer tren de alta velocidad que entrará en funcionamiento en América Latina. Su inauguración está prevista para el verano de 2018, aunque la infraestructura debería estar lista y entregada a la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil a principios de ese año. En principio, quedan fuera de esa primera fase los ramales de la línea del TAV que el Ejecutivo federal quiere abrir con otras importantes ciudades de la zona, como Curitiba, Belo Horizonte y la capital administrativa, Brasilia.

(Imagen blog de Ingeniería)

El Ministerio de Fomento ordena examinar «palmo a palmo» la red ferroviaria española

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Medidas para evitar un nuevo accidente. La red ferroviaria española se revisa «palmo a palmo, metro a metro». La ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia que el departamento que dirige encargó el 25 de julio, un día después del descarrilamiento del Alvia en el que perdieron la vida 79 personas, una auditoría global sobre las infraestructuras y operatividad del sistema. «El objetivo es que no vuelva a ocurrir un accidente como el de Santiago», justificó la ministra del ramo ante la Comisión de Fomento del Congreso.

Este informe será elaborado por una comisión técnica que se reunirá de forma diaria hasta que presente sus conclusiones en un plazo de seis meses. Pastor adelantó que el análisis contemplará un estudio del sector ferroviario, una comparativa con el de otros países europeos, un análisis de la legislación y de la seguridad así como las recomendaciones que se estimen oportunas. «Se está analizando todo, y cuando digo todo es todo», afirmó tajante la titular de Fomento. «Se va a realizar -prosiguió- no porque no me fíe del actual sistema sino porque necesitamos decirle a los españoles que tras suceder una tragedia como esta todo está en revisión». Una vez concluya la auditoría y conforme a sus resultados se tomarán cuantas medidas sean necesarias, destacó.

La ministra también anunció que el Ejecutivo aplicará una batería de medidas para garantizar la seguridad como adelanto a las conclusiones de la auditoria. Entre estas destacan mejoras en materia de señalización, la revisión de las velocidades de todas las líneas, la promoción de un mayor desarrollo del sistema Asfa Digital o el endurecimiento de los requisitos de acceso a las profesiones del sector ferroviario.

En una comparecencia de contenido muy técnico, la ministra eludió hablar de responsabilidades por el accidente sobre las que, en cualquier caso, excluyó a Renfe y Adif. Según ella, las culpabilidades solo las puede dilucidar la investigación judicial que, añadió, encontrará la máxima colaboración den su departamento.

En relación al siniestro y como ya hiciera el jueves el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, la ministra defendió la transparencia del proceso de diseño, adjudicación y construcción de la línea Orense-Santiago en la que se produjo el descarrilamiento. Y también al igual que Ferre recordó que el proyecto inicial contemplaba que todo el trayecto estuviese controlado por el sistema ERTMS, más moderno y seguro que el Asfa que guiaba el tren en el momento del siniestro. Pastor apuntó que la eliminación del ERTMS en la zona de Angrois -que según los expertos hubiera frenado el tren antes de la curva- fue decidida por Fomento en 2010, bajo mandato socialista.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento censuró estas criticas veladas lanzadas por Pastor y el responsable de Adif, que calificó como «medias verdades». «Dicha modificación en relación al ERTMS -justificó- se realizó por razones operativas a propuesta de los mismos técnicos que hoy siguen asesorando a Adif».

Quienes más duros se mostraron con la ministra fueron BNG y la Izquierda Plural, quienes insistieron en depurar responsabilidades políticas. Rosana Pérez, diputada de la formación gallega, aseguró que «es probable que el maquinista no frenara a tiempo» pero eso no oculta «la falta de un mecanismo que parara el tren , y eso no es culpa ni de las víctimas ni del conductor». «¿Cómo un error humano puede crear por sí solo semejante accidente? ¿Quién debía poner los medios técnicos que blindaran los errores humanos?, se preguntó Pérez.

La portavoz de la Izquierda Plural en la comisión, Ascensión de las Heras, fue más allá y acusó «al actual Gobierno y al anterior de hacer piña ante la evidencia de su responsabilidad compartida, que estriba en la apuesta desmedida y desaforada por la alta velocidad».

(Fuente Colpisa)

Renfe y Adif eluden responsabilidades por el accidente de Santiago y defienden sus protocolos

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La vía estaba en buen estado y los protocolos de seguridad eran correctos. Renfe y Adif eluden cualquier responsabilidad en el accidente de Santiago, que se cobró la vida de 79 pasajeros, y achacan al error humano el fatídico descarrilamiento. El Semaf asegura que las declaraciones de los presidentes de ambas compañías “han sido planas”. “Hay sistemas evolucionados que permiten que no ocurra esto y es lo que hay que hacer, evitarlo y que nunca más vuelva a ocurrir«.

Gonzalo Ferre (Adif) y Julio Gómez-Pomar (Renfe) comparecieron ante la Comisión de Fomento del Congreso para informar sobre los datos recabados por sus compañías sobre lo sucedido el 24 de julio cerca de la estación de Santiago de Compostela. No dieron su explicación de las causas del siniestro -creen que corresponde a las autoridades judiciales determinar lo sucedido-, pero sí dejaron entrever que todo se debió a un error humano. La técnica no falló.

El presidente de Renfe recordó que hasta ahora lo único confirmado, tal y como demostró la caja negra a la que aludió, es que el Alvia llegó a la curva de A Grandeira con una velocidad muy superior a la limitada. «No hay tren que pueda entrar en una curva con una aceleración cuatro veces superior a la permitida», destacó. Gómez-Pomar repasó el historial del maquinista, al que según el protocolo de Renfe se había sometido a aleatorios controles psicomotrices, de drogas y de alcohol, que siempre superó. También aludió a la normativa de las comunicaciones en cabina. En concreto, aseguró que el uso del teléfono móvil corporativo está limitado a ocasiones excepcionales, aunque no prohibido. Según los primeros indicios, la causa de la distracción del conductor habría sido la llamada que recibió del revisor que viajaba en el tren para consultar aspectos del trayecto.

El titular de Renfe justificó que, convoyes Alvia como el accidentado, han recorrido el trayecto Madrid-Ferrol en más de 1.000 ocasiones sin que nunca hasta ahora se produjera un accidente.

El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, desgranó ante la comisión el proceso de construcción de la vía de alta velocidad entre Orense y Santiago. El proyecto se inició en 1997 con los informes previos y finalizó en 2011 con la inauguración de la línea. Según dijo, para la construcción de la entrada a Santiago se presentaron a concurso cinco proyectos, todos ellos con idéntico trazado a su paso por Angrois. Añadió que la opción finalmente elegida fue examinada por diferentes órganos de la Administración, especialistas y comunidades autónomas. Después, el trazado del tramo fue sometido a un periodo de alegaciones públicas y, destacó, ninguna de las 300 que se recibieron se refería a la pronunciada curva donde se produjo el descarrilamiento.

Sobre los sistemas de seguridad, Ferre explicó que el proyecto de construcción del tramo Orense-Santiago contempló en un primer momento que todo el trayecto se realizará con control ERTMS, el más moderno que existe en la navegación ferroviaria. Una posterior modificación aprobada por Fomento en 2010, con el PSOE en el Gobierno, eliminó la implantación de este sistema cuatro kilómetros antes del lugar donde se produjo el accidente. A partir de eso momento se decidió que los trenes fuesen guiados por el Asfa Digital, mecanismo que otorga mayor autonomía de conducción al maquinista y que no frena de modo automático un convoy salvo que supere los 200 kilómetros por hora.

Gómez-Pomar y Ferre aseguraron que son los técnicos y no los presidentes de Renfe y Adif los que eligen el mecanismo de control que se instala en caza tramo. También defendieron que el Asfa Digital es un sistema de una seguridad contrastada y que está presente en la mayor parte del mapa ferroviario español sin que haya presentado incidencias.

Los máximos responsables de Renfe y Adif reconocieron que, año y medio después de la inauguración del tramo entre Orense y Santiago, el ERTMS solo está funcionando en los trenes modelo Avant y no en los Alvia, donde existe un problema de ‘software’ que impide su normal funcionamiento. Por ello, se decidió que hasta que se solucionase este contratiempo los Alvia se guiasen por el Asfa Digital.

El Semaf, por su parte, cree que las dos declaraciones han sido perfectamente estudiadas y preparadas y un tanto planas. “Ambos han afirmado que al final, cuando se saquen las conclusiones, hay que ver las soluciones». Según su secretario general, Jesús García Fraile, se concluirá que el maquinista, Francisco José G.A., «ha tenido una responsabilidad directa», pero también que «es producto y fruto de haber dejado toda la responsabilidad sobre la espalda del maquinista». «Eso hay que decirlo también. Espero que no se quede al final en que hubo una persona que fue culpable el día 24 de julio de 2013».

Los diputados de la oposición consideraron inaceptable que la seguridad del tren dependiese únicamente del maquinista, quien fue imputado de 79 homicidios por imprudencia. «¿No creen que estamos ante un auténtico fallo técnico?», lanzó la nacionalista gallega Rosana Pérez. «Existe una gran controversia para saber por qué no está operativo el sistema de frenado automático ERMTS en la zona del accidente», agregó. Todos los grupos parlamentarios mostraron además su desacuerdo sobre «las prisas» con las que se ha cargado de responsabilidad al maquinista del Alvia.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, debe intervenir ante los diputados este viernes para abordar las circunstancias del accidente y las medidas de seguridad de la red ferroviaria española, en un momento en que España compite por vender sus trenes de alta velocidad a Brasil.

La investigación judicial busca entender cómo el tren descarrilló a 179 kilómetros por hora en una curva muy pronunciada donde la velocidad estaba limitada a 80, justo después que el maquinista mantuviese una conversación telefónica con el interventor del tren .

Fomento crea una comisión técnica para analizar y proponer mejoras en la seguridad ferroviaria

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Consecuencias de la tragedia de Santiago. El Ministerio de Fomento ha creado una comisión técnico-científica para que le asesore en materia ferroviaria cuya primera sesión será hoy a las 13.00 horas. La delegación está integrada por un presidente, diez vocales y un secretario, «profesionales de reconocido prestigio en el sector ferroviario», que incluirá a ingenieros, catedráticos e investigadores. En seis meses, presentará un informe sobre cómo mejorar la seguridad del sector, informó este domingo el Gobierno, tras la muerte de 79 personas en el descarrilamiento de un Alvia en la curva de A Grandeira.

La comisión también hará un estudio de medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad y de posibles propuestas de mejora para que el Ministerio de Fomento actúe en consecuencia. Los técnicos analizarán la normativa existente en el país y propondrán «medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad».

La creación y reunión de esta delegación se produce antes de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparezca el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar de las actuaciones del departamento que encabeza relacionadas con el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Un día antes acudirán a la Cámara Baja los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, respectivamente, por el mismo motivo .

Los primeros datos de la investigación apunta al exceso de velocidad como causa de la tragedia, que costó la vida a 79 personas. Según el análisis de las cajas negras, el convoy circulaba a 179 kilómetros por hora cuando descarriló y su maquinista, que hablaba por teléfono con el revisor del tren , accionó el freno demasiado tarde.

Tras el accidente surgieron las críticas al sistema de seguridad español utilizado en esta zona que, a diferencia del europeo ERTMS (European Rail Traffic Management System), no frena automáticamente si el tren supera la velocidad permitida.

Tras la tragedia la compañía pública Adif, que gestiona la red de ferrocarril, puso «en revisión todos sus protocolos de seguridad». Dio asimismo «instrucciones a sus técnicos para revisar aquellos tramos de la red que puedan presentar características similares, en especial aquellas zonas de transición a la red convencional y en los trayectos de integración en núcleos urbanos», agregó.

También la empresa de ferrocarriles Renfe «está revisando todos sus protocolos, entre otros los de comunicación entre la cabina de conducción y los centros de gestión, personal a bordo y demás comunicaciones de servicios», aseguró.

El maquinista del Alvia accidentado hablaba por teléfono con el interventor cuando volcó

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Informacióm modificada a las 23.45 horas ante nuevos datos.. El maquinista del Alvia en el que fallecieron 79 personas y 150 resultaron heridas hablaba por el móvil con el interventor de Renfe que viajaba en el tren. La grabación de la cabina que quedó registrada en la caja negra reveló que Francisco José Garzón recibió una llamada los instantes previos al accidente aunque no llegó a identificar quién se encontraba al otro lado del teléfono más allá de que, según el contenido de la conversación, era un empleado de Renfe con el que trató aspectos del trayecto.

El conductor, imputado por 79 cargos de homicidio involuntario, acudió a declarar de forma voluntaria junto a su abogada ante el juez instructor Luis Aláez para desvelar la identidad de su interlocutor. Se trata, aseguró, de Antonio Martín, el interventor de la empresa ferroviaria que viajaba en el convoy y que resultó herido leve en el siniestro. Este llamó al maquinista para consultar la vía por la que el tren accedería a la estación de Pontedeume, parada intermedia entre Santiago y Ferrol.

Según el ruido de fondo que se escucha en la grabación extraída de la caja negra, Garzón habría incluso consultado «un plano o algún documento similar» para responder a las cuestiones que le formuló el revisor. Aunque según afirmó el maquinista la llamada concluyó segundos antes del accidente, sí habría durado lo suficiente para distraerle y que no advirtiera que debía reducir la marcha del convoy en 110 en kilómetros por hora antes de afrontar la curva de A Grandeira. El tren acometió el tramo del descarrilamiento a 153 kilómetros por hora después de que el maquinista, ya consciente de la situación, accionara los frenos cuando viajaba a 192. No fue suficiente para superar un giro cuyo límite está establecido en 80 kilómetros por hora.

En su primera declaración, realizada el pasado domingo, Garzón no aludió a la llamada recibida, algo que sí ha reconocido ahora después de que la caja negra confirmara que existió. El revisor, quien también ha prestado declaración, también ocultó a la Policía la existencia de la conversación telefónica entre ambos.

Tras la nueva declaración de Garzón, el juez Aláez solicitó a dos compañías telefónicas información sobre los dos móviles que portaba consigo el imputado, el personal, en el que no se ha detectado actividad previa al accidente, y el corporativo, por el que supuestamente habló con el revisor y que se extravió en el accidente. En concreto quiere conocer las llamadas entrantes, salientes o mensajes que registraron las dos líneas.

El uso del móvil en ruta es algo muy restringido -«casi prohibido»-, salvo situaciones excepcionales, según declaró el secretario general del sindicato de maquinistas, Juan Jesús García Fraile, quien sin embargo añadió que la llamada de un revisor que viaja en el tren sí puede ser motivo para responder. «El interventor puede llamar por muchos motivos: por una persona a la que le ha pasado algo, porque ha visto algo anómalo en el tren o por muchos otros motivos», apuntó García Fraile.

El 24 de julio a las 20.42 horas (18.42 GMT), el convoy procedente de Madrid con más de 250 personas a bordo había descarrilado en una curva peligrosa a 4 kilómetros de la estación de Santiago, una zona donde la línea, de alta velocidad hasta ese momento, se transforma en vía convencional y la velocidad se limita a 80 kilómetros por hora.

«En el momento de la salida de vía, el tren circulaba a 153 kilómetros por hora«, informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras analizar el contenido de las cajas negras. «En los kilómetros previos al momento del descarrilamiento» el convoy circulaba a 192 kilómetros por hora, precisó, asegurando que «segundos antes del accidente se activó un freno».

La hipótesis de un exceso de velocidad había sido la privilegiada hasta ahora por los investigadores de esta tragedia que ha conmocionado al país.

El maquinista Francisco José Garzón Amo, un experimentado profesional de 52 años, ya había reconocido ante el juez el domingo circular a una velocidad muy superior a la permitida. Imputado de «homicidio por imprudencia», el conductor habría afirmado que, pese a haber realizado en 60 ocasiones ese recorrido, se había despistado y cuando comenzó a frenar era demasiado tarde.

«Del audio almacenado en las cajas negras se ha podido saber que el maquinista estaba hablando por teléfono con personal de Renfe«, la compañía de ferrocarril española, aparentemente con un controlador, explicó el tribunal. Posteriormente, se ha aclarado que hablaba con el interventor que tamnién viajaba en el Alvia accidentado.

El accidente se produjo en una línea de alta velocidad utilizada también por trenes convencionales que no está equipada con un sistema de frenado automático en caso de exceso de velocidad. Justo donde se produjo el siniestro, el tren abandona una larga recta de decenas de kilómetros a una velocidad máxima de 220 kilómetros a la hora para entrar en esta peligrosa curva. Según un responsable sindical, el propio Garzón había alertado a sus superiores de la insuficiencia de seguridad en este tramo.

Garzón «había afirmado que es increíble que no se controle la velocidad en ese lugar, que no se puede pasar de 200 kilómetros a la hora a 80 directamente, sin ninguna supervisión mediante ningún sistema de seguridad», declaró a la AFP Rafael Rico, portavoz del sindicato de maquinistas Semaf de Galicia.

«Los maquinistas lo saben y él mismo lo había dicho a su superior, que no era posible aceptar algo así. El día después del accidente nos lo dijo, cuando estaba en el hospital. Dijo que era un lugar en que todo el mundo sabía que era díficil circular«, agregó.

Según la compañía pública Adif, gestora de la red, en la zona del accidente, debido al cambio de velocidad máxima autorizada, en ese tramo el sistema de seguridad pasa del europeo ERTMS (European Rail Traffic Management System) al español ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automatico), que no frena automáticamente.

A raíz del siniestro, la seguridad de las vías españolas está siendo comprobada. Tanto Renfe como Adif aseguran que revisarán sus protocoles de seguridad.

«Tras el accidente, el protocolo que se suele hacer es comprobar que todo funciona correctamente», explicó una portavoz de Adif . Paralelamente, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, pidieron comparecer ante los diputados para informar sobre el accidente.

El martes 66 heridos seguían hospitalizados, 15 de ellos en estado crítico, incluido un menor.