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Euskadi reclama a Fomento una “planificación seria y concreta” sobre la ‘Y’ vasca ferroviaria

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La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco, Ana Oregi, se muestra satisfecha por el hecho de que el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, haya destacado la voluntad del Gobierno central de “dar un impulso determinante al proyecto de la ‘Y’ ferroviaria vasca”. Oregi, preguntada por periodistas, se ha referido a las declaraciones realizadas por De la Serna en una entrevista de radio en la que ha reconocido que la ‘Y’ vasca es un proyecto “capital” para la comunidad autónoma.

Ana Oregi indica que se “alegra” de que el apoyo del nuevo ministro sea “tan rápido”, algo que “no le sorprende dada la importancia estratégica de esta infraestructura. La consejera recuerda que el “corredor ferroviario atlántico es uno de los prioritarios en Europa” y que, por ello, ha sido objeto de diversas ayudas comunitarias, en especial el tramo correspondiente a la ‘Y’ vasca.

“Todos los indicadores” tienen que llevar al ministro de Fomento a la conclusión de que es necesario impulsar este tramo del tren de alta velocidad, añade Oregi quien considera “que corresponde a los responsables del ministerio de Fomento marcar las fechas. La exministra de Fomento Ana Pastor dio un plazo -2019- y hasta ahora ningún otro responsable del Gobierno ha facilitado otro”.

Oregi matiza que “una vez vista la necesidad de esta infraestructura lo importante es establecer una “planificación seria completa” de toda la puesta en marcha de la ‘Y’ vasca. No sólo la terminación de las obras sino la puesta en marcha de los servicios en esa ‘Y’ vasca que nos conecten hacia Madrid y París y que permitan luego trabajar” los trenes intercitys, que unirán por vías de alta velocidad las tres capitales vascas”.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, también espera un desenlace inmediato. Hace unos días decía que es «un buen comienzo» el nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento, con quien tiene «una relación personal». Aburto anunciaba que «en poco tiempo» viajará a Madrid para hablar con el exalcalde de Santander de la entrada del TAV en la capital vizcaína. El deseo bilbaíno de que el tren llegue soterrado a la capital vizcaína complica bastante más el proyecto. Desde el consistorio se asegura que la obra es posible, pero técnicos de Fomento niegan que se haya elaborado un plan consistente, que incluya catas sobre el terreno.

Además del acceso a las tres capitales, también está pendiente la construcción de las estaciones. En el caso de Guipúzcoa, es donde menos dudas hay y en semanas comenzará la obra de la adaptación de la vía entre Astigarraga e Irun con un tercer carril para que los convoyes del TAV puedan circular por allí. Bilbao y Vitoria plantean más dificultades a consecuencia del soterramiento, que pretenden los respectivos consistorios.

Aunque el trazado de la ‘Y’ vascalogre terminarse en 2020, para esa fecha no estaría ejecutada la nueva vía entre Burgos y Vitoria. Los últimos planes del Ministerio de Fomento pasan por adaptar la actual vía de ancho ibérico con un tercer carril, para permitir que por allí circulen los trenes del TAV.

Lo cierto es que, pese a toda la voluntad que los políticos pongan en desatascar este proceso, el horizonte de 2019 para inaugurar el TAV se plantea imposible. Uno de los escollos más importantes se encuentra en Guipúzcoa: el nudo de Bergara. La obra de este nexo, en el que confluyen los ramales de los tres territorios y que necesita casi cuatro años de ejecución, no ha comenzado, después de que se rescindiera el contrato a las empresas adjudicatarias. De hecho, ni se ha licitado el nuevo contrato.

(Imagen Lobo Altuna)

La agencia de calificación S&P cuestiona la “viabilidad y rentabilidad” del AVE

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El AVE en el disparadero. Standard & Poor’s considera que España debe analizar la “viabilidad y la rentabilidad” de construir más kilómetros de líneas de ferrocarril de Alta Velocidad, dado que ya cuenta con la segunda mayor red AVE del mundo después de la de China. A esta incertidumbre se añade el “problema” de que España carece de estrategia o definición alguna en materia de infraestructuras.

“La mayoría de la inversión pública en infraestructuras en España durante los últimos años, y también en 2016, se ha destinado a la expansión de la red AVE”, indica la agencia de calificación.”En nuestra opinión, podría ser útil analizar la viabilidad y la rentabililidad de añadir más kilómetros a la red de AVE española”, añade la firma en un informe sobre el efecto que la actual coyuntura de incertidumbre política puede tener sobre el sector de las infraestructuras en España.

La agencia de calificación considera que los sucesivos planes de infraestructuras de España han estado siempre influenciados por el Gobierno de turno y “no por una estrategia y panificación a largo plazo que trascienda a una Legislatura”. Además, S&P remarca que las dudas en el sector surgen después del “repunte” que la financiación para infraestructuras experimentó en 2015 por “el mayor apetito de los inversores” y la recuperación de la economía española.

La firma considera que España debería diseñar un plan de infraestructuras a largo plazo, “consensuado entre todos los agentes del sector” y con una proyección más allá de los cuatro años de Gobierno”. También reclama que esta planificación cuente con el aval de profesionales técnicos y no sólo políticos, con el fin de evitar los casos de dotaciones en desuso o en quiebra como algunas de las construidas en los años anteriores a la crisis, entre los que cita los aeropuertos de Ciudad Real o Castellón, las autopistas radiales, el AVE bajo los Pirineos o la Ciudad de la Justicia de Madrid.

S&P reconoce que España cuenta ya con una buena dotación de infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, pero asegura que es preciso “prestar atención” a sectores como el de las dotaciones relacionadas con el agua.

La agencia descarta por contra que el actual escenario político vaya a afectar al sector de las infraestructuras a corto plazo, dado que la inversión para 2016 está ya aprobada y la “solidez” de las instituciones españolas para ejecutarla en ausencia temporal de Ejecutivo. Además, considera que el Gobierno que eventualmente se forme tendrá una limitado margen para introducir modificaciones en dicho presupuesto.