La dirección de Renfe da marcha atrás y descarta colocar en las cabinas de sus trenes dispositivos de audio y vídeo, tal y como se había comprometido tras el accidente de Angrois, una de las medidas implementadas por el Ministerio de Fomento tras el siniestro del Alvia en Galicia, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Entre otras medidas de seguridad anunciadas por Fomento se encontraba la de incrementar el control de videovigilancia en los trenes. De hecho, en 2014 Renfe sacaba a concurso público la licitación, con la que se pretendía iniciar la colocación de cámaras en 240 trenes, desde AVE hasta Avant y Alvia, para lo que Fomento disponía de tres millones de euros. Incluso se llegó a experimentar el servicio en trenes que realizan el recorrido a Galicia, si bien la iniciativa «es para todo el territorio nacional». «No es una medida urgente porque, en realidad, es un control adicional al que ya llevan los trenes para controlar la seguridad», señalaban en ese momento responsables del ministerio.
La idea era ir dotando a todos los trenes de sistemas de grabación de audio y vídeo, con el objetivo de que pudieran tener un registrador jurídico que, en caso de accidente, sirviera para analizar con más datos las causas. Sin ir más lejos, en el Alvia accidentado en Santiago la conocida como caja negra fue clave para conocer que fue una conversación telefónica entre el maquinista y el interventor lo que desubicó al conductor poco antes de la curva de Angrois. La presencia de las cámaras, alegaban los expertos en seguridad, podría tener un efecto disuasorio para evitar ciertas conductas que podrían suponer un riesgo para la atención y conjurar algunos lapsus típicos del factor humano durante la conducción.
Los maquinistas, a través de los sindicatos, mostraron su rechazo frontal a la medida, especialmente cuando la operadora pública empezó a instalar las carcasas en algunos trenes y, en uno de ellos, la primera cámara en funcionamiento como experiencia piloto. El experimento pronto circuló por los teléfonos móviles de todos los maquinistas, indignados porque volvía a cargarse el peso de la sospecha sobre ellos. Los maquinistas aseguran que estas cámaras no aportan ninguna información adicional a la que ya recogen los sistemas de grabación actuales. Creen que se trata de una especie de «invasión de la intimidad» del maquinista, que puede sentirse «cohibido» en su trabajo diario. «Todo lo que habla el maquinista queda recogido en el audio, si habla por el móvil, si habla con una segunda o tercera persona físicamente; por ello creemos que añadir una cámara de vídeo es una supervisión excesiva«, apuntaban fuentes del sector de maquinistas de Galicia.
La indignación entre los conductores, muy reacios a que se grabe su actividad laboral, motivó que el Semaf (Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios) distribuyera una nota informativa entre sus afiliados «ante la inquietud generada por la posible instalación de cámaras de grabación en las cabinas». Tras realizar una serie de consultas con la dirección de Renfe, transmitieron a los trabajadores la información que les proporcionó la operadora ferroviaria. Renfe les garantizó que solo había instalada una cámara en un solo vehículo del material móvil de la compañía pública, con el objeto de probar su eficacia como proyecto piloto, tal y como se había planteado en un principio, cuando surgió esta idea tras el accidente ferroviario de Santiago.
En una comunicación a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que recomendaba estudiar la viabilidad de esta medida a raíz de un accidente, la compañía explicó que Renfe Viajeros «decidió no instalar el sistema de grabación de vídeo ante una posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas, según la Ley de Protección de Datos». Además, aportaban un dictamen de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, contraria a que el operador ferroviario de Polonia (NSA) instalara cámaras en las cabinas de sus trenes, «al considerar inapropiada la medida por suponer una barrera a la interoperabilidad». Es decir, Bruselas no quiere iniciativas unilaterales que supongan un freno a su plan para homogeneizar la circulación de trenes por todos los países de la Unión. En España, el sindicato de maquinistas (Semaf) mostró su rechazo a esta iniciativa, pero sí que estaría de acuerdo con la grabación en vídeo de todo lo que sucede en la infraestructura, de cara a la investigación de determinados accidentes.
A pesar de que Renfe había contratado parte de este equipamiento, solo se ha centrado en la instalación de los dispositivos para la grabación de audio, un proceso que sufrió un serio retraso al entrar en concurso de acreedores la empresa a la que se le había adjudicado el contrato.
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