La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio del 2006 ha insistido en que la investigación del accidente de metro que tuvo lugar en Valencia, y que se saldó con 43 muertos y 47 heridos, fue manipulada. Los familiares y víctimas del accidente se han concentrado en la Plaza de la Virgen de Valencia, como todos los días 3 de cada mes, para reclamar «responsabilidades» seis años después del accidente que tuvo lugar en la Línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
La asociación ha lamentado que la directora gerente de FGV, Marisa Gracia, permanezca todavía en su cargo tras haber «errado en su gestión para prevenir el riesgo de circulación» durante el «mayor accidente de metro» ocurrido en España. Según apuntan en un comunicado, Gracia «contrató a una empresa para que aleccionara» a los técnicos y dirigentes de FGV que comparecieron en la Comisión Parlamentaria, donde se investigaron las causas de dicho accidente. De esta forma, ha señalado, se consiguió «manipular» los resultados de la investigación para que quedara constancia de que el accidente había sido causado por un «exceso de velocidad» que, según la comisión, no podía «ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni a ninguna dejación de responsabilidad, ni a ningún incumplimiento de acuerdos, pues la Línea 1 es segura».
La asociacion denuncia que, «a pesar de las pruebas que se van descubriendo respecto a la manipulación de la investigación», la actual consellera de Infraestructura, Isabel Bonig, y el president de la Generalitat, Alberto Fabra, continúan defendiendo la gestión de Gracia durante el accidente del metro. «Se reafirman en defender que la comisión parlamentaria fue objetiva y correcta, y rechazan una investigación real e independiente del accidente que tenga en cuenta todas las hipótesis posibles, y todos los testimonios y documentos que se consideren relevantes, sin votos en contra que limiten la investigación», ha subrayado.
En la lectura del manifiesto, esa asociación también ha hecho referencia al ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien, a su juicio, tenía la «obligación política y moral» de procurar el buen funcionamiento del metro. Asimismo, ha cuestionado la actuación de los ex consellers de Infraestructura y Transporte, García Antón, y Mario Flores en la gestión de FGV.
La presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, ha acusado al Consell de «mirar a otro lado» e intentar echar la culpa del accidente a un «fallo humano», cuando, desde el primer momento, un ingeniero consultado por la institución apuntó a la «falta de medidas de seguridad» como causa del accidente ocurrido en Valencia. Según ha explicado, el ingeniero reconoció hace unos días en una entrevista concedida a un medio de comunicación que la existencia de una baliza -encargada del control de velocidad en la entrada de una curva- hubiese evitado el accidente, pero Garrote ha lamentado que el testimonio no sea suficiente para reabrir una investigación judicial.
«Este testimonio avala la responsabilidad política e interna de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que la asociación lleva denunciando seis años», ha subrayado.
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