Un total de 99 grafiteros de diferentes ciudades españolas han sido detenidos por la Policía Nacional a los que considera responsables de más de mil pintadas en coches de Renfe y Metro en Barcelona, acciones vandálicas que han causado daños por importe de 22 millones de euros. La operación se ha desarrollado en dos fases: la primera, dirigida contra 51 sospechosos residentes fuera de Catalunya, y la segunda, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, contra otros 48 sospechosos residentes en Catalunya.
El caso comenzó hace más de un año, en septiembre de 2019, cuando varios de los grafiteros arrestados por incidentes anteriores reconocían a los policías que pintar trenes en Catalunya era más fácil que en el resto de España. La Policía revisó las denuncias presentadas por trenes vandalizados por la acción de grafiteros en los últimos años y comprobó que, desde el 2017, el 48% del total atañían a episodios ocurridos en Catalunya: 4.981 interpuestas por Renfe y 1.850, por TMB, operadora del Metro. En total, existían 6.741 denuncias que habían sido recogidas por 31 juzgados distintos –con las de este 2020, la cifra asciende a 8.000–. Es decir, nadie estaba instruyendo el fenómeno como un problema conjunto sino como hechos aislados. Los investigadores lograron identificar a 90 sospechosos, responsables de más de 1.000 pintadas (602 en trenes de Renfe y 438 en el Metro). «El proceso de identificación se llevó a cabo sobre todo a través de las redes sociales», explica el intendente de los Mossos, Antoni Vergés. Los autores presumían de las pintadas en vídeos e imágenes que la Policía Nacional pudo relacionar con las denuncias.
Tras el estudio de las denuncias, la Policía activó la primera fase, que cristalizó en el arresto de 51 personas residentes en localidades de Madrid, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Asturias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. Lo curioso es que todas se habían desplazado a Catalunya con el propósito de vandalizar trenes. Y no solo desde el resto de España, entre los detenidos destaca el caso de un hombre italiano desplazado desde Milán para pintar trenes que fue interceptado en el Aeroport de Barcelona, al bajar del avión. En una segunda fase se detuvo a los que vivían en Catalunya, un operativo que se llevó a cabo conjuntamente con los Mossos d’Esquadra. La Policía Nacional arrestó a 39 sospechosos y el cuerpo catalán a los restantes; 99 en total. Una de las detenidas era una taquillera, subcontradad por Renfe, y que trabajaba vendiendo billetes en una estación. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Los grafiteros actúan en grupo, se citan por los alrededores de las cocheras de noche y acceden al recinto en el que se guardan los trenes reventando puertas, paredes o pozos. Dejan inutilizadas las cámaras y después pintan los coches, y se graban para después presumir de las acciones realizdas. También vandalizan trenes que están operando, presionando la palanca de freno de emergencia y deteniendo de forma brusca la marcha. Una maniobra peligrosa que compromete la seguridad de usuarios que a esa hora –casi siempre la última franja del servicio– están regresando a casa. Constan casos, además, de grafiteros que han intimidado a viajeros que les reprochaban sus acciones. «Es peligroso para los viajeros, que han recibido amenazas, para los vigilantes, que han sido apedreados, y para los grafiteros, que ponen en juego su integridad pintando coches sobre vías que no han sido cortadas», asegura Vergés. En ningún caso deben verse estas acciones como obra de «artistas» sino de «vándalos» y que cuestan mucho dinero a las arcas públicas.
El Metro de Barcelona registra una media de cuatro intentos de instrusión diarios. El pasado año, 626 de estos intentos lograron su propósito, la mitad. De hecho significó que 1.444 coches fueran vandalizados, 41.734 metros cuadrados de pintadas murales, una superficie equivalente a seis campos de fútbol. Limpiar las pintadas costó 1,5 millones. A esa cantidad, falta sumarle otros 4 millones invertidos en vigilancia específica para evitar incursiones; la reparación y substitución de cámaras de seguridad que estropean para actuar sin ser grabados; el recambio de puertas, paredes y pozos reventados para acceder a las instalaciones; el repintado de trenes cuya pintura se desgasta por los productos químicos que arrancan los grafitis; el impacto ambiental que causan estos productos; el coste de las actuaciones judiciales y policiales; la pérdida de ingresos provocada por las afectaciones en el servicio. Renfe, por su parte, explica que actualmente el 78,8% de sus trenes catalanes están circulando con grafitis. Anualmente, la operadora drenuncia más de 700 intrusiones, 85.000 metros cuadrados de coches pintados; se destinan 10 millones de euros en limpitar trenes y en mantener las infraestructuras seguras.
Estos datos policiales de detenciones crean buenas espectativas. Otra cosa es si serán juzgados, sentenciados y encarcelados, si procede. Este tema, por la cuantía económica que supone, debería ser tratado penalmente. De no ser así, creo no pasará de una acción parcial. Amo a los trenes y es una pena verlos así. Me duele. Confiemos en que este tema mundial se acabe como espero también, en beneficio de todos, acabe la pandemia.