Tres consorcios liderados por Sacyr, Acciona y Ferrovial han hecho ofertas para hacerse con el montaje y el mantenimiento del tramo entre Olmedo (Valladolid) y Santiago de Compostela del AVE Madrid-Galicia, valorado en 647,3 millones de euros. Los tres consorcios interesados en el contrato, dividido en dos lotes, los forman 14 empresas.
Sacyr, Azvi, Coalvi y Assignia Infrestructuras forman uno de los consorcios, mientras que Acciona Infraestructuras, FCC Construcción, Comsa, Copasa y Guinovart forman otro.
Ferrovial Agromán, Tecsa, Vías y Construcciones, Iberovías y Cosfesa conforman el tercer consorcio interesado en el proyecto.
Adif recordó que el contrato se realizará mediante la fórmula de colaboración público-privada.
El pasado abril, el Ministerio de Fomento informó de la licitación, a través de Adif , de los contratos de las obras para la conexión de la alta velocidad entre Madrid y Galicia por un importe de 2.332,5 millones de euros, con el objetivo de poner en marcha el servicio a finales de 2015.
Adif señaló que la existencia de estas tres ofertas pone de manifiesto «el interés del sector empresarial por la fórmula CPP, y respalda este sistema de cooperación entre las administraciones y el sector privado para el desarrollo y modernización de infraestructuras y servicios públicos de interés estratégico».
Para la ejecución de cada uno de los lotes que constituyen el contrato se constituirá una Sociedad de Propósito Específico (SPE) participada por Adif y las empresas que resulten adjudicatarias. El capital social de la SPE ascenderá al 10% del presupuesto de inversión resultante de la adjudicación. Adif participará en un 10% en dicho capital y sus socios privados en el restante 90%.
Según la articulación de la inversión por la SPE, los pagos por obra, que suponen el 40% del presupuesto de ejecución del contrato, se hacen efectivos por Adif en la fase de obras, mientras que los pagos por obra diferidos, que ascienden al 60% del presupuesto de ejecución, se hacen efectivos periódicamente.
Por su parte, los pagos por disponibilidad, condicionados a la calidad de los servicios de mantenimientos, se realizarán en la fase de explotación. El plazo del servicio de disponibilidad será de 25 años desde la puesta en servicio.
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