Un total de 40 trenes del Metro de Madrid permanecen desde hace semanas inmovilizados en las cocheras y previsiblemente así seguirán por un espacio temporal indeterminado. La razón que los mantiene con el freno echado es la presencia de amianto en la pintura que los recubre, una sustancia «bituminosa» que resulta «difícil» de quitar. Metro descubrió en 2013 la presencia de este material en los trenes, pero no emprendió acciones hasta 2017. Cuatro empleados han sido diagnosticados con una enfermedad relacionada con el amianto. Dos ya han muerto.
«No hay ningún riesgo ni para los trabajadores ni para los viajeros, pero por prudencia los hemos parado por si se produce alguna avería y hay que manipularlos, a diferencia de Barcelona, que los tiene circulando. Lo que se está haciendo es lo correcto», justificaba este este viernes Borja Carabante, el consejero delegado de la compañía pública de transportes en su comparecencia en la comisión de la Asamblea creada para investigar la gestión que se ha hecho en el suburbano sobre un mineral cuyo uso está prohibido en España desde 2001.
Carabante quiso trasladar un mensaje de «máxima tranquilidad» porque, tal y como aseguró, los 996 reconocimientos médicos que se han hecho entre las alrededor de 7.000 personas que componen la plantilla han sido negativos. Tampoco se ha detectado la existencia de fibras de esta sustancia altamente cancerígena por inhalación prolongada en ninguna de las 203 pruebas realizadas en diferentes espacios de la red. Además, se han realizado 290 análisis de elementos de los trenes, se ha detectado en 24 y se ha iniciado el proceso de eliminación por parte de empresas acreditadas para hacerlo salvo en el citado caso de la pintura por la dificultad que entraña. «Vamos a ser la primera empresa de España libre de amianto. No vamos a escatimar ni esfuerzos ni recursos», aseguraba el consejero delegado.
Sus argumentos no convencen ni al PSOE ni a Podemos que, a través de sus diputados Daniel Viondi y Alberto Oliver, volvieron a exigir este viernes el cese de Carabante por su gestión durante la última sesión de la comisión de investigación de la Asamblea, cuyas conclusiones se redactarán en las próximas semanas. Ciudadanos, por su parte, reclamó, entre otras cosas, «un estudio de condiciones en el puesto de trabajo con mediciones que se hagan con ventanilla bajada», tal y como manifestó Juan Rubio.
“Con la salud no se negocia”, gritaban los trabajadores apostados ante la Asamblea. No solo enfermar preocupa a los trabajadores, sino también la reacción de la empresa. Hasta ahora, la Inspección de Trabajo ha cursado una treintena de requerimientos, así como cuatro actas de infracción, una de ellas remitida al Ministerio Público: “Esperamos que la Fiscalía reclame responsabilidades a la dirección de la empresa”, dice el sindicato,
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