Preparados ante el nuevo reto. Renfe «está preparada para la competencia»; «nos vendrá bien y nos hará mejorar«. El presidente de Renfe está convencido de que el futuro es propicio para la compañía. Lo dice con seguridad y convencimiento. Julio Gómez-Pomar asegura que la operadora está lista para afrontar el desafío que supondrá la liberalización del sector ferroviario en España, que se iniciará en el corredor Madrid-Valencia-Alicante, y que el Gobierno piensa frontar en octubre.
Gómez-Pomar sostiene que la elección de este primer corredor es adecuada porque es el que tiene «más coches en circulación«. Y en breve junto a Renfe habrá «un nuevo competidor». Una de las estrategias de la compañía es introducir mejoras para afrontar las nuevas necesidades del sector. El presidente recuerda «que todos los años tiene que haber mejoras en los servicios comerciales», como las que han tenido lugar con los coches silenciosos que, desde su puesta en marcha el pasado 7 de julio, han vendido 97.000 billetes, y que se caracterizan por tener una iluminación tenue y realizar los avisos en pantallas y no por megafonía. También menciona la decisión adoptada en febrero de 2013 de rebajar el precio del billete en la alta velocidad y la realización de descuentos. A su juicio estas medidas han permitido un crecimiento del 20% en el número de viajeros. «Si ajustas el precio a la demanda», los ciudadanos «se van al ferrocarril» y cuando conocen este medio de transporte, «se quedan en él», asegura Gómez-Pomar.
El presidente de Renfe también reconoce lagunas importantes en el ferrocarril español. La más importante afecta al transporte de mercancías, en el que el tren tiene una cuota de mercado del 4%, cuando en la Unión Europea la media es del 15 o 16% y, por ejemplo, en Alemania, del 20%.
De los 460 millones de pasajeros que tuvo la compañía en el último año, solo 25 millones corresponden a servicios comerciales -AVE y larga distancia-, mientras que el resto son obligaciones de servicio público, que incluyen los 400 millones de pasajeros de cercanías, los 24 en trenes regionales y los 6,5 en Avant. Según ha apuntado, las obligaciones de servicio público «no se prestarían en condiciones de mercado» con los precios y frecuencias con que cuentan actualmente y por eso suponen al año 600 millones de euros de pérdidas que ha de aportar el Estado, si bien su objetivo es «dar facilidades a los ciudadanos«.
Gómez-Pomar reconoce que se han tenido que realizar «medidas no gratas» como la «racionalización de los servicios regionales» en aquellos casos con niveles de ocupación por debajo del 10% y suprimir estaciones con muy bajo nivel de uso.
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