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Detenidos el dueño de TBA, propietaria del tren accidentado en Buenos Aires, y tres directivos

Actuación contundente.La Justicia argentina ha ordenado la detención de cuatro directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), dentro de la causa que investiga un accidente ferroviario en la capital argentina en el que murieron 51 personas. El juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadío, ordenó directamente la detención de Claudio Cirigliano, dueño de uno de los grupos de empresas de transporte público más importante de Argentina, entre las que se encuentra TBA. El empresario permanece en dependencias de la Gendarmería argentina. Bonadío también dispuso las detenciones del presidente de TBA, Carlo Ferrari, el gerente operativo de la empresa, Darío Tempone, y el director administrativo de la compañía, Daniel Rubio.

Fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Télam indicaron que el juez responsabiliza a estos directivos de, supuestamente, «obstruir el proceso de investigación» del accidente. El pasado 24 de mayo, el Gobierno argentino rescindió el contrato de concesión de trenes de pasajeros a TBA, tres meses después del accidente ferroviario en la estación porteña de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos y evidenció el pésimo estado del servicio.

La medida fue dispuesta por un decreto de la presidenta, Cristina Fernández, que quitó a la compañía la explotación de las líneas Sarmiento y Mitre, que enlazan la provincia de Buenos Aires con la capital, por el «deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados».

El Gobierno había intervenido TBA el pasado 28 de febrero, seis días después del accidente ocurrido en plena hora punta matinal, cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno -en la línea Sarmiento– se empotró contra un andén de la estación de Once, una de las tres más importantes de Buenos Aires.

Roque Cirigliano, director de material rodante de TBA, aseguró ante el juez del caso que el tren siniestrado no tuvo problemas técnicos y que sus frenos funcionaban correctamente. Bonadío ha citado a declara a Juan Pablo Schiavi, quien estaba a cargo de la Secretaría de Transporte de Argentina al momento del accidente ferroviario.

Vilafranca del Penedès recurre a los tribunales para que Adif resuelva el ruido del AVE en el municipio

La amenaza se ha hecho carne. El alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha ordenado a los servicios jurídicos del consistorio que interpongan una demanda contra Adif por los problemas de ruidos y vibraciones que provoca el paso del AVE por el municipio. Ante los infructuosos intentos del alcalde de reunirse con la entidad ferroviaria para evitar ir a los tribunales, Pere Regull ha afirmado que «la paciencia ha llegado a su límite» y ha ordenado la presentación de la demanda por la vía contencioso-administrativa.

El pleno de Vilafranca del Penedès ya decidió en octubre que en un plazo de tres meses, Adif debería acometer una serie de reformas en la estación que regenta en el municpio si no quería verse envuelta en un conflicto jurídico. Hasta ahora no se había cursado la demanda, pero al paracer el alcalde de la localidad catalana ha agotado todos los plazos y ha decidido recurrir a los tribunales para que se atienden sus demandas.

También ha preparado un requerimiento a Adif para que «en máximo 20 días limpie la zona del cubrimiento a la que el ayuntamiento no tiene acceso y que tiene un estado deplorable». Regull ha apuntado que si en ese plazo Adif no limpia la zona, lo hará el ayuntamiento a cargo de la empresa de infraestructuras. El AVE atraviesa el municipio, con las vías cubiertas en algunos tramos, aunque no tiene parada en la estación de Vilafranca.

El alcalde tiene la esperanza de que no será necesario llegar al juzgado y se alcanzará un acuerdo antes de este último paso porque reconoce que la mejor solución para Vilafranca no llegará a través de una sentencia judicial.

«El juez, si nos da la razón, que creemos que si, lo que hará es obligar a Adif a cumplir las normas de ruido y vibraciones pero no dirá cómo tiene que hacerlo ni que la solución quede urbanísticamente bien para Vilafranca. Por esto el camino de la negociación tiene que quedar abierto y en paralelo a la vía judicial», concluye.

Un juez condena a los ferrocarriles franceses por un retraso

Algo está cambiando en el mundo ferroviario. Al menos en Francia. La actividad ferroviaria tiene un fuerte impacto en el devenir diario. Y cualquier anomalía provoca efectos devastadaores. Eso es lo que ha determinado un juez francés que ha condenado a la SNCF (empresa pública de los ferrocarriles franceses) por un retraso que impidió a un usuario efectuar un trabajo. La sentencia puede crear jurisprudencia y abrir la puerta a centenares de denuncias similares, según revelan medios locales.

Esta es la primera vez que la compañía de trenes es condenada por un caso similar, según la abogada del demandante Anne-Laure Archambault, que considera que la sentencia «creará jurisprudencia» porque la SNCF ha decidido no recurrirla. Ante esa posibilidad, los medios franceses se preguntan si la empresa no será blanco de una avalancha de denuncias similares.

El demandante, un abogado que vive a las afueras de París, denunció a la SNCF por un retraso de media hora en un tren que debía llevarle a la capital. Por esos 30 minutos el denunciante, abogado de profesión, no pudo tomar otro tren que iba a conducirle a Nimes, en el sureste del país, donde tenía que ir a un juicio. Por ese motivo, denunció a la SNCF para pedir que le indemnizaran por la pérdida de la jornada.

En primera instancia los tribunales dieron razón a la empresa de ferrocarriles, al considerar que el usuario había previsto poco tiempo entre ambos trenes. Pero el Tribunal de Apelación se pronunció en favor del demandante con el argumento de que el retraso se produjo a causa de un fallo de señalización, imputable a la compañía.

Ante esa circunstancia, impuso a la SNCF una multa de 2.836,12 euros por el dinero que el demandante dejó de ganar a causa del retraso, otros 500 por la inquietud generada y 1.500 más por los gastos de abogados.

Desde la empresa aseguran que la sentencia no provocará una lluvia de denuncias porque no todos los casos son comparables. Sus servicios jurídicos indican que casos como éste tienen una treintena al año y que algunos los ganan y otros los pierden, por lo que restaron importancia a la sentencia.