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Bruselas se carga la fusión Siemens-Alstom

La Comisión Europea (CE) prohíbe la compra de la empresa francesa Alstom por parte de la alemana Siemens porque restringiría la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y señalización ferroviaria, a pesar de las advertencias de los Gobiernos francés y alemán en contra de este veto. “La Comisión prohíbe la fusión porque las compañías no estaban dispuestas a abordar nuestras serias preocupaciones”, dice la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien insistió en que las soluciones propuestas por Alstom y Siemens no eran suficientes.

París y Berlín habían respaldado públicamente la fusión y habían insistido en las últimas semanas al Ejecutivo comunitario para que diese luz verde a una operación que, a su juicio, era clave para que la industria europea pueda competir a nivel global y, en particular, frente al gigante ferroviario chino CRRC. Sin embargo, la investigación puesta en marcha por la CE, en julio de 2018, ha concluido que el grupo resultante de la fusión de los dos mayores proveedores ferroviarios en Europa se habría convertido en líder en ambos mercados, restringiendo la competencia y provocando un aumento de los precios.

Bruselas cree que la nueva empresa habría sido líder indiscutible en Europa en el negocio de señalización para grandes líneas de tren y metro, y habría asumido también una posición dominante a nivel mundial (salvo China, Japón y Corea del Sur) en el negocio de materiales rodantes para trenes de alta velocidad. Las empresas que habrían quedado no habrían podido competir de forma efectiva, argumenta la CE.

Para solventar estos problemas, Alstom y Siemens habían propuesto en diciembre ceder o transferir activos de ambos negocios por un valor equivalente al 4% de la facturación de la empresa resultante de la fusión. La Comisión los ha rechazado porque cree que no garantizan que el futuro comprador de los activos vaya a poder competir por sí mismo con el grupo, explicó Vestager en rueda de prensa.

En trenes de alta velocidad, las empresas proponían ceder una licencia para la tecnología de Siemens con tales restricciones que el comprador no habría podido desarrollar su propio tren, mientras que en señalización ofrecían una “compleja mezcla” de cesiones y transferencias de activos de ambas empresas, que tampoco ofrecían posibilidades de competir de forma independiente.

Vestager subrayó que los problemas “podrían haberse resuelto” pero que las soluciones propuestas eran “pequeñas” para el tamaño de los problemas. En otras grandes fusiones aprobadas, recordó, las desinversiones que permitieron la luz verde tenían un valor mayor, “de entre el 10% y 12%” de la facturación en el caso de la reciente fusión de Bayer y Monsanto, ejemplificó. La comisaria destacó que Bruselas también ha evaluado el impacto de la competencia global, en particular de China, y concluido que no supondrá un problema para Alstom y Siemens.

Los proveedores chinos no tienen presencia en el sector de la señalización ferroviaria en Europa, que está altamente regulado, y Bruselas cree que todavía llevará tiempo para que entren en el mercado de los trenes de alta velocidad. “CRRC tiene el 90% de su negocio en China (…) y ahora mismo no tiene trenes de alta velocidad”, dijo Vestager, quien insistió en que Alstom y Siemens son “líderes globales” con capacidad de competir en todo el mundo.

Por su parte, ambas empresas lamentan la decisión y defienden que las soluciones propuestas abordaban todas las inquietudes de la Comisión, en tanto que la fusión habría permitido crear una empresa europea con capacidad para afrontar la creciente competencia de empresas de fuera de la Unión Europea (UE).

Alstom descarta que vaya a haber un segundo intento de fusión con la alemana, y afirma que se centrará ahora en seguir creciendo, mientras que Siemens anuncia que “va a estudiar todas las opciones para el futuro de su división Siemens Mobility”. En el frente político, el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, se anticipó incluso a la decisión oficial y criticó que el veto “es un error económico que servirá a los intereses económicos e industriales de China”. Le Maire anunció que Francia y Alemania presentarán propuestas para modificar las reglas comunitarias de competencia que “son obsoletas e inadaptadas para el siglo XXI”.

También el titular alemán de Economía, Peter Altmaier, aseguró que respetan la decisión de Bruselas pero están a favor de actualizar las reglas de competencia “para que en un futuro las fusiones sean posibles”. Vestager, por su parte, afirmó que todavía no ha recibido ninguna propuesta para estos cambios, y consideró que la decisión “no es prueba” de que sean necesarios, si bien se mostró abierta a debatir modificaciones que busquen “servir al consumidor”.

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El Govern traslada a Fomento su “escepticismo” sobre Rodalies e insiste en su traspaso íntegro

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha trasladado este miércoles al conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, que cumplirá el nuevo plan de Rodalies en que está trabajando ya el Gobierno central: “No me comeré mis palabras dentro de cinco meses”. El titular de Fomento mantuvo un encuentro con Rull y con la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.

Josep Rull, que ha calificado el encuentro de cordial, ha manifestado su alto nivel de “escepticismo” ante el nuevo plan de Rodalies y ha insistido en la necesidad de ejecutar un traspaso íntegro: infraestructuras, trenes, vías y catenarias. El ministro ha dicho compartir con Rull el diagnóstico de Rodalies en cuanto a saturación de líneas, la tensión en la gestión y las posibilidades de mejora, si bien las discrepancias continúan en un baile de cifras: mientras el conseller asegura que solo se ha cumplido un 14% del plan de Rodalies 2008-2015 de 4.000 millones y un 5% del plan de 306 millones para medidas urgentes, De la Serna indica que se han invertido 760 millones entre 2012 y 2016.

“Más allá del encaje de cifras, nos interesa trabajar por los servicios y el futuro de los catalanes y de forma compartida con la Generalitat“, asegura el ministro, quien indica que el Gobierno ya está trabajando en un nuevo plan de Rodalies actualizado, del que no ha detallado inversiones ni prioridades contempladas, que quiere consensuar con Cataluña. El conseller indica que el Govern está dispuesto al diálogo, pero reclama hechos: “La mejor manera de cumplimiento y el mejor mecanismo de confianza es el traspaso íntegro de Rodalies”.

Preguntado por si el nuevo plan de Rodalies acordado con la Generalitat será vinculante, De la Serna afirma que será del todo vinculante y que no se centrará únicamente en la infraestructura, sino también en el material rodante y la calidad del servicio al usuario. Hace unos meses Adif contestó al requerimiento que la Generalitat le envió en junio como paso previo al contencioso administrativo por la desinversión en Rodalies alegando que los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Fomento no le vinculaban administrativamente a acometer las inversiones pactadas: “Lo que decimos lo vamos a cumplir. Este ministro no a venir dentro de cinco meses a comerse sus palabras de hoy”.

De la Serna también destaca el compromiso del Gobierno con el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que considera estratégica para el país, y avanza que el Gobierno está trabajando en resolver las incidencias técnicas que están retrasando su puesta en marcha y anuncia que en primavera de 2018 se iniciará la circulación de trenes en pruebas en el tramo Tarragona-Vandellòs, lo que permitirá reducir en 35 minutos el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia.

En torno al Corredor Mediterráneo, un punto de encuentro ha sido la voluntad del Gobierno de designar un coordinador técnico, una de las principales reivindicaciones de Cataluña, y De la Serna afirma que ya tiene un nombre pensado, si bien no ha querido desvelarlo. Por su parte, Rull asegura que pondrá sobre la mesa diversos nombres, ya que, añade, una figura consensuada otorgará más eficiencia a este eje y su desarrollo.

El Constitucional estima en parte el recurso vasco contra el catálogo de líneas de interés general

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El Tribunal Constitucional ha excluido del catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, a las líneas 782-Basurto Hospital-Ariz y la 784-Irauregui-Lutxana-Barakaldo, por “vulneración de las competencias” de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Constitucional estima parcialmente el conflicto positivo de competencia presentado por el Gobierno vasco y, en consecuencia, declara la nulidad de la referencia, en el anexo de la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, a las líneas y tramos que se singularizan mediante los códigos 08-782-Basurto Hospital-Ariz y 08-784-Irauregui-Lutxana-Barakaldo.

En su sentencia, de fecha 23 de junio de 2016 y publicada recientemente en el BOE, el Constitucional desestima el conflicto presentado por el Ejecutivo autonómico en todo lo demás. Esto supone la catalogación como de “interés general” de los trazados de pasajeros Irun-Brinkola, Bilbao Abando-Santurtzi, Desertu Barakaldo-Muskiz, Bilbao La Concordia-Irauregi, y Bilbao-Balmaseda, y en el caso del transporte de mercancías, de las líneas Bilbao-Santurtzi, Puerto Pasaia y Puerto Bilbao, tramos todos ellos que el Gobierno vasco reclamaba que fueran excluidos del catálogo.

El Gobierno vasco presentó en agosto de 2015 un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre la orden del Ejecutivo central que aprobaba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, ya que, según denunció, incluía tramos de Euskadi en “un último intento de bloquear la transferencia de ferrocarriles”. El Ejecutivo vasco decidió recurrir al Constitucional tras “recibir respuesta negativa” del Ejecutivo español a su requerimiento para que “corrigiera su normativa”, y censuró que, con la ‘Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprobó el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General’, el Gobierno de Mariano Rajoy incluía “por segunda vez en la legislatura” tramos ferroviarios que transcurren por Euskadi en su catálogo de líneas de “interés general”.

Esta situación suponía “de facto un bloqueo permanente de las transferencias en materia de ferrocarriles y de obras públicas de los artículos 10.32 y 10.33 del Estatuto de Gernika”, según la tesis defendida por Euskadi. La catalogación de “interés general” por parte del Estado implica que esos tramos ferroviarios tienen que ser gestionados por organismos dependientes de la Administración General del Estado como Renfe o Adif.

La resolución del Constitucional recoge que, según la distribución competencial en materia de ferrocarriles derivada del bloque de constitucionalidad, el Estado ostenta competencia legislativa y ejecutiva sobre infraestructuras ferroviarias que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. También, sobre la ordenación de los servicios de transporte ferroviario que no tengan su origen y destino dentro de la comunidad. No es óbice para el ejercicio de la competencia autonómica que el servicio discurra sobre infraestructura de titularidad estatal, sin perjuicio que el Estado se reserve su ejecución directa o que se trate de obras públicas de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma).

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia legislativa y ejecutiva plena sobre la infraestructura ferroviaria que discurra dentro de su territorio y competencia de ejecución de la legislación estatal sobre ordenación del transporte de mercancías y viajeros con origen y destino en su territorio, aunque discurra por la red de ferrocarriles de interés general, sin perjuicio de la gestión directa que se reserve el Estado. También tiene competencia plena legislativa y ejecutiva sobre obras públicas no calificadas de interés general o cuya realización no afecte a otros territorios.

La doctrina constitucional sobre las competencias en materia de infraestructuras y servicios de transporte ferroviario, se sintetiza en la Sentencia del TC 83/2013 (FJ 3). De la misma, resulta que el criterio territorial es el criterio básico de reparto competencial en la materia, mientras que el interés general de la infraestructura, es criterio modulador. En definitiva, la sentencia apunta que las competencias autonómicas sobre ferrocarriles versan sobre tramos que discurren dentro de la Comunidad, aunque nazcan o mueran fuera de ella (condición positiva) y que no formen parte de infraestructuras consideradas de interés general por el Estado (condición negativa). El interés general pretende garantizar la interconexión e interoperabilidad de las redes, a partir de los principios de coordinación y cooperación, por lo que, la gestión centralizada de las infraestructuras ferroviarias solo procederá con este fin.