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Dos maquinistas citados por el accidente de Arahal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Marchena (Sevilla), que investiga el accidente ocurrido el 29 de noviembre de 2017 en Arahal al descarrilar un tren de media distancia con el resultado de 37 pasajeros heridos, tiene previsto tomar el próximo lunes declaración como testigos a dos maquinistas de un tren que circulaba en sentido inverso al accidentado. Estas citaciones llegan después de que la pasada primavera, el juzgado solicitase a los posibles perjudicados por los hechos que remitiesen la documentación sanitaria que correspondiese, de cara a una serie de reconocimientos médicos forenses, tratándose de una de las primeras decisiones judiciales tras ser reabierta la investigación.

Tras la decisión de archivar la causa, extremo acordado en octubre de 2018, un recurso interpuesto contra tal extremo supuso la reapertura de las diligencias al pesar un informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) acerca del siniestro. A la hora de archivar inicialmente las actuaciones, la juez instructora del caso exponía que “tras un examen pormenorizado del atestado de la Guardia Civil, la testifical del maquinista del tren”, Domingo José P.R., y los informes emitidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no había “quedado acreditada ni siquiera indiciariamente una negligencia de carácter penal”.

La juez recordaba que en su comparecencia testifical, el maquinista del tren siniestrado había acreditado que cuando el convoy llegó al kilómetro 19 de la vía ferroviaria, a unos ocho kilómetros de la estación de Arahal, “no llovía” en dicho punto, toda vez que en la citada localidad le trasladaron “un boletín de órdenes e informaciones” según el cual “el tren no tenía parada allí, pero le pararon para darle información”. Además, invocaba la juez el relato del maquinista, en el sentido de que el mismo tenía orden de circular “a 30 kilómetros por hora” en el kilómetro 23 de la vía ferroviaria por posibles inundaciones y afrontó dicho tramo de vía férrea incluso a “bastante menos velocidad, concretamente a 21 kilómetros por hora”, si bien “a 100 o 200 metros antes de llegar al kilómetro 19 notó que había agua y que (la misma) se había llevado el balastro de la vía”.

A tal efecto, esgrimía la narración del maquinista respecto a que éste hizo “frenar con urgencia” al tren, “a la máxima presión de freno posible”, y que el sistema ASFA de anuncio de señales y frenado automático “funcionó correctamente”. Y es que dicho mecanismo “no detecta que el tren se salga de la vía” y aunque tal sistema “también da órdenes de limitación de velocidad”, antes del accidente el tramo de vía donde ocurrió el mismo no contaba con “ninguna señal que obligara a ir a una velocidad inferior” ni avisos de “precaución”. “En el kilómetro 19, el ASFA funcionó bien porque al no haber limitación de velocidad en ese kilómetro, la maquina no podía frenar automáticamente en seco y por eso el declarante pisó el freno”, reproducía la juez instructora respecto al testimonio del maquinista.

Las víctimas del accidente de Angrois “perplejas” por la desimputación de cargos de Adif y Renfe

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Las víctimas del accidente de Angrois ocurrido el pasado 24 de julio en Santiago han mostrado su “perplejidad” tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de dejar sin efecto la imputación de los cargos de Adif y Renfe llamados a declarar por Aláez como imputados. Cristobal González, presidente de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), afirma que las víctimas consideran que esta decisión está “fuera de lugar” y cree que la imputación de los cargos de Adif es necesaria para “aclarar los hechos” y analizar en profundidad las causas del accidente para que “no vuelva a ocurrir”.

La Audiencia provincial de A Coruña estima parcialmente un recurso de una víctima para aclarar la ausencia del sistema de seguridad ERTMS, aunque deja sin efecto las imputaciones a los cinco responsables de seguridad de Adif en el tramo del accidente: Manuel Besteiro Galindo, Fernando Rebón Sartal, José Antonio García Díez, Carlos Ayuso González y Roberto Saez Alonso, tras estimar los recursos contra la decisión de imputarles que había tomado el titular del Juzgado de instrucción número 3 de Santiago, Luis Alaez.

El tribunal señala que la imputación supone una “provisional atribución de participación en un hecho criminal”, y para ello, “no bastaría” el hecho de desempeñar cometidos en materia de seguridad dentro de la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria. Los miembros del tribunal consideran necesario indagar sobre las medidas de seguridad, “pero ello no determina la necesidad de que las personas con responsabilidad en tal materia en el seno de Adif deban tomar, de forma preventiva, la condición de imputados“.

González aclara que “respeta” la actuación de la justicia y la decisión de la Audiencia , pero asegura que “no va a ser fácil compartir” esta opinión. Al mismo tiempo, teme que este auto deja “entrever” la decisión que el organismo tomará ante el recurso de Adif por la imputación de otros 22 cargos. , González recuerda que la declaración de estos 22 cargos de Adif , que debía iniciarse este mes de octubre, fue aplazada hasta mediados de noviembre, “quizás para conseguir” que fuesen anuladas antes. “Me da que pensar”, sentencia.

Apafas se reunirá hoy con su equipo de abogados para analizar pormenorizadamente el auto de la Audiencia Provincial y analizar sus posibilidades de actuación. La asociaición deja la puerta abierta a que, si no pueden comparecer como imputados, reclamen la declaración de los miembros de Adif como testigos.

El auto señala también que el conductor del tren tenía formación y experiencia adecuadas y que “bastaba con mirar hacia delante y prestar atención” para darse cuenta dónde estaba y adoptar las medidas correspondientes para proceder al frenado. Considera, además, que si al formularse la imputación no se apreciaban irregularidades respecto a lo previsto en la normativa aplicable o que la señalización fuese contraria a los criterios consolidados, resulta “prematura y carente de base suficiente” la imputación.

Para el tribunal, “si con arreglo a la normativa aplicable no es inadecuada la forma de regulación y señalización por la que se optó, no cabe construir un hipotético reproche penal” y cree, también, que no supone un nivel de riesgo superior al permitido o tolerable que se atribuya al maquinista la responsabilidad sobre la circulación del tren a una velocidad adecuada.

Sin embargo, desestima la imputación del responsable de seguridad de Renfe Operadora porque no existe una relación causal entre la desconexión del ERTMS y el accidente registrado en la curva de A Grandeira el pasado 25 de julio. Solicita también estudios técnicos informativos previos a la planificación y construcción del trazado de la vía.

El objeto de la investigación será saber si en las circunstancias que concurrían en la circulación del tren Alvia, fundamentalmente la reducción de 200 a 80 kilómetros a la hora, la decisión de prescindir del ERTMS inicialmente proyectado puede llegar a revestir relevancia penal. En definitiva, trata de esclarecer desde una perspectiva técnica, si era posible la existencia de un sistema de control permanente de velocidad que supliera una actuación desatenta del conductor en tal contexto.