Archivo diario: marzo 23, 2012

Portugal cancela su programa de alta velocidad y frustra las aspiraciones de empresas lusas y España

Bocajarro de agua fría. Aunque sin sorpresas. España y Portugal no estarán conectados por la alta velocidad. El Gobierno luso anunció que abandona “definitivamente” el proyecto de alta velocidad después de que el Tribunal de Cuentas anulara el contrato de la obra por “irregularidades”. Esta decisión judicial fue la puntilla para un plan que estaba paralizado desde la llegada a Lisboa del Gobierno conservador de Passos Coelho en junio de 2011. “El TGV (como se llama en Portugal al AVE) está archivado”, afirmó el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, y el Ejecutivo no va a hacer otra licitación.

La obra, cuyo presupuesto ascendía a 1.359 millones de euros, estaría financiada en un 31% por fondos públicos, en los que hay aportaciones de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). No obstante y con el objetivo de no perder los fondos europeos asignados, el Gobierno luso lleva tiempo estudiando reconvertir el proyecto en una línea de “alta prestación”, que dé prioridad al transporte de mercancías y no de viajeros. Las líneas de “alta prestación” hacen posible que los trenes puedan ir a una velocidad de entre 200 y 250 kilómetros por hora, en vez de los 300 del AVE.

El tribunal portugués, encargado de examinar los contratos estatales con importes elevados, se pronunció en contra de la concesión al consorcio Elos del tramo de 167 kilómetros que debería unir las localidades de Poceirao y Caia, en el límite con la frontera española. Esta adjudicación se realizó con el anterior Gobierno de José Sócrates en 2010. La obra estaba estimada en 1.400 millones de euros, pero el órgano judicial observó “falta de información” en el marco presupuestario y entendió que incurría en una “violación directa de las normas financieras”.

La decisión generó críticas desde las filas socialistas y entre empresarios y alcaldes afectados. Y eso que era la crónica de una muerte anunciada. La cancelación del programa de alta velocidad, nacido hace casi una década, era una de las promesas electorales de Passos Coelho, que suspendió la construcción del ferrocarril poco después de ganar las elecciones anticipadas de mayo de 2011.

Desde la oposición lusa, la diputada y secretaria de Estado de Transportes durante el anterior Gobierno socialista de José Sócrates, Ana Paula Vitorino, calificó de “incomprensible y lamentable” la postura adoptada por el Ejecutivo conservador. “No se puede actuar así después de que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reafirmara la importancia de esta conexión tanto para Portugal como para la UE”, insistió la diputada.

En esta misma línea, responsables municipales y empresariales de las regiones del Alentejo y Lisboa hicieron pública su preocupación por el impacto de la desaparición del proyecto de alta velocidad, debido a las inversiones que llevaba aparejadas y cuya falta puede perjudicar el desarrollo económico.

La constructora lusa Soares da Costa, que encabeza el consorcio Elos al que le fueron adjudicadas las obras en cuestión, entre Poceirao, en las afueras de Lisboa, y Caia, junto a la frontera de Badajoz, elevó a 300 millones de euros la indemnización que el Estado portugués debería abonarle. En Elos, además de Soares da Costa, están presentes la empresa lusa Brisa (participada por la española Abertis), la concesionaria Iridium y la constructora Dragados (ambas filiales de la española ACS), así como la estadounidense Babcock Brown.

El objetivo del Gobierno lusp es una línea que conecte Sines, Lisboa, Madrid, Irún y Francia -pasando por Extremadura- de altas prestaciones y con capacidad para transportar mercancías. Las autoridades del país vecino se muestran partidarias de ese cambio del proyecto original desde que suspendió la construcción del ferrocarril , poco después de ganar las elecciones anticipadas de mayo de 2011.

La decisión del Gobierno portugués ha levantado controversia también en España, especialmente en la comunidad autónoma de Extremadura, que consideraba el proyecto una prioridad para sus intereses económicos.

La ministra española de Fomento anunció desde Bruselas que se reunirá con su homólogo portugués, Santos Pereira, para discutir las conexiones ferroviarias entre ambos países, y señaló que esperará a tener más información antes de tomar una decisión sobre los tramos del lado español.

La propia UE no vio con malos ojos la cancelación del proyecto por considerar que la conexión se mantendrá aunque no sea con AVE. El comisario de Transportes, Siim Kallas, aseguró que la alta velocidad “no es muy racional” porque consume mucha energía y requiere vías especiales.