El ministro de Fomento, José Blanco, asegura que todas las líneas de Alta Velocidad que hay en España son rentables, a excepción de la de Valladolid, situación que cambiará, no obstante, cuando el servicio se extienda hasta León. Blanco, que intervino en un seminario en los Cursos de Verano de El Escorial, aseguró ser «defensor» de la alta velocidad ferroviaria porque es el modo de transporte muy competitivo para el tamaño que tiene España, pero reconoció que la red ya no puede crecer al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora.
Con la llegada, a finales de este año, del AVE a Valencia, España contará con la red de alta velocidad ferroviaria más extensa de Europa, lo que, por otra parte, contrasta con el déficit de infraestructuras que hay en la red ferroviaria para mercancías, tanto de líneas, como de nodos logísticos. Mientras que en la Unión Europea el tren distribuye el 18% de las mercancías, en España esta cifra se reduce al 4,5%.
La burbuja inmobiliaria generó un crecimiento «completamente insostenible», que a la vez frenaba la inversión en otras actividades más productivas, señaló Blanco, según quien, una vez el supuesto «milagro» económico se ha desvanecido, «tenemos que encontrar nuestro propio espacio en la economía global». En su opinión, para conseguirlo es necesario un transporte de mercancías competitivo y eficiente que reduzca los costes logísticos y que sitúe a las empresas españolas en una posición más fuerte y sólida para competir frente al resto. Por ello, una de las prioridades del Ministerio de Fomento, en línea con la meta del reequilibrio modal, es desarrollar el transporte de mercancías por ferrocarril, ha dicho.
Al mismo tiempo, ha señalado que hay que plantearse la viabilidad de determinadas líneas de ferrocarril que no son rentables ni social ni medioambientalmente. Explicó que no es una cuestión de rentabilidad económica, ya que si se tratara de eso, una parte importante de las líneas existentes en este momento tendrían que ser eliminadas, sino que es una cuestión de rentabilidad social y medioambiental.
A su juicio, se trata de una rentabilidad social que no decide el Gobierno, sino que la determinan los propios ciudadanos que abandonan esas líneas por alternativas más eficientes en tiempo y costes, porque «no es que esas líneas carezcan sólo de usuarios, es que, tal como demuestran los estudios realizados, son líneas que hasta carecen de demanda por parte de sus usuarios potenciales».
Reiteró que mantenerlas sin uso real ni potencial «no es sostenible, ni racional» y, aunque reconoció que es un asunto, «sin duda, delicado», hay que afrontarlo cuanto antes, aunque «eso sí: con todas las garantías para que se respeten aquellos servicios que demuestren dicha rentabilidad social».
Antes del 30 de noviembre, Fomento presentará al Consejo de Ministros la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que serán garantizados mediante Obligaciones de Servicio Público.
Dado que en unos años se liberalizará el transporte de viajeros por ferrocarril, es fundamental hacer este tipo de reformas que salvaguarden aquellas líneas que de verdad presten un servicio público, agregó.
«Podría escudarme en la crisis de la deuda o en la directiva europea para justificar esta decisión, y aunque son razones de peso, la realidad es que es una simple cuestión de sentido común que puede entender cualquier ciudadano», recalcó Blanco.
(Imagen Alejandro Navarro López en Wikimedia Commons)
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