La Generalitat aspira a gestionar las infraestructuras ferroviarias además del operador de la red. El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Catalunya, Josep Rull, reclama ante el Ministerio de Fomento «la transferencia de la gestión» de la red de Rodalies de la Comunidad Autónoma que en la actualidad gestiona Adif y porpone «un cambio radical de funcionamiento» de esta infraestructura. «Hemos planteado de acuerdo con la ley ferroviaria y con el Estatuto pedir la transferencia de la gestión de la infraestructura», señala Rull tras mantener una reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante casi dos horas.
Según sostiene Rull, si el Gobierno catalán tiene la capacidad de gestionar los trenes y las vías estará «en mejores condiciones de proveer un servicio mejor». El conseller explica que los niveles de puntualidad en Rodalies no son «los adecuados» ya que «no es aceptable que en media distancia» dichos niveles sean del 58%. «Como Gobierno no nos vamos a resignar», asegura y hace hincapié en la iniciativa que este vienes ha puesto encima de la mesa en Fomento.
Rull anuncia que la próxima semana se celebrará una reunión entre la Generalitat y Renfe para ver qué decisiones se toman «con carácter inmediato» para «revertir la situación» actual de la red de cercanías especialmente en media distancia antes los «inaceptables» retrasos.
La ministra Ana Pastor pone de manifiesto todas las inversiones en la red de Rodalies realizadas por el Estado. La titular de Fomento discrepa sobre las inversiones que se han invertido en las obras de Rodalies y defiende ya se han ejecutado «247 millones de euros».
Rull explica que Pastor ha recibido la petición de transferencia «con mucha educación» y que el encuentro ha sido «positivo». Pero cree que las actuaciones de la Administración Central en Cataluña «se tienen que traducir en hechos concretos«.
El conseller incide en que en una «reunión técnica» se compararán los parámetros de ejecución, también de otras infraestructuras como la autovía B-40, la N-340 y la N-240, para que de este modo se sepa cómo «se está invirtiendo» y evaluar los plazos fijados para la finalización. «Somos los primeros interesados en que haya un mayor nivel de cumplimiento de las inversiones», destaca Rull. Y subraya que no es lo mismo lo que se dice que se hace que «constatar que se está haciendo».
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