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Adif cede a Renfe su ayuda de 585 millones tras multiplicar por 8 el peaje por sus infraestructuras

Adif ha propuesto ceder a Renfe la subvención pública anual de 585 millones de euros que hasta ahora venía recibiendo del Estado para costear el correcto mantenimiento de la red ferroviaria convencional, tras anunciar que multiplicará por ocho el peaje que cobra a la operadora por que sus trenes usen estas infraestructuras. La compañía que preside Juan Bravo prefiere obtener los recursos para mantener las líneas de tren convencionales del peaje que Renfe le abone por usarlas, a pesar de que los fondos para pagar ese peaje procedan igualmente de las arcas públicas. Adif pretende subir este peaje para que cubra el 95% del coste de explotación de estas líneas y no el 10% como hasta ahora.

Adif considera que el importe que cada año recibe del Estado para costear el mantenimiento de las vías se destine a Renfe para que pueda afrontar el fuerte incremento del canon. De su lado, Renfe sumará esta prestación a la de unos 600 millones de euros que ya recibe para sufragar las conexiones de transporte de viajeros en tren consideradas de servicio públicos, la mayor parte de las de Cercanías y de Media Distancia, esto es, las que circulan por las vías convencionales. Se trata de servicios deficitarios económicamente, pero rentables socialmente, que hay que mantener para garantizar la vertebración y la movilidad de los ciudadanos.

La operadora pública pasará a percibir una aportación estatal de unos 1.000 millones de euros, la mitad va para pagar el peaje a Adif por el uso de las vías, y la otra mitad para costear la explotación de los viajes en tren de Cercanías y Media distancia que realiza por ellas.

Esta subida de cánones y traspaso de subvención de Adif a Renfe ha transcendido al publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el informe que ha realizado para valorarla, en la que la da su visto bueno. La CNMC considera “más transparente” que Adif recupere el coste de mantener las vías convencionales con el peaje que le paga Renfe que a través de aportaciones presupuestarias.

Esta reestructuración de la aportación de los 1.000 millones de euros que el ferrocarril convencional supone para el Estado entre Renfe y Adif puede constituir un paso hacia la concreción de las cuentas de ambas compañías de cara a su eventual integración en un ‘holding’ que actualmente analiza el Ministerio de Fomento.

El mismo informe de la CNMC también revela que Adif Alta Velocidad articulará un sistema de multas y rebajas en los peajes que cobra a Renfe por cada tren que circula por su red AVE, con el fin de garantizar su máximo aprovechamiento y fomentar el transporte en tren.

La optimización y mayor uso de la infraestructura de Alta Velocidad y el consiguiente descuento en el peaje que Renfe paga a Adif (unos 500 millones de euros anuales) podría a su vez traducirse en una reducción del precio de los billetes que la operadora cobra a los viajeros.

Adif prevé multar a Renfe cuando reserve un surco (‘slot’) en una de vía de Alta Velocidad y luego no lo explote correctamente. La sanción propuesta consiste en pagar dos veces el peaje de este surco. No obstante, la CNMC considera que se trata de una multa “excesiva”. Por contra, la empresa propietaria de la red AVE rebajará el peaje a los trenes AVE de Renfe cuando registren un incremento en el número de viajeros transportados superior al crecimiento medio esperado para el sector.

El ‘superregulador’ insta a Adif a rebajar a la mitad su previsión de incremento de viajeros del AVE, el porcentaje de aumento de usuarios a partir del cual rebajaría el canon, desde el 3% que estima la empresa pública hasta un 1,4%.

Adif pretende subir un 15% el canon que cobra a Renfe, aunque la CNMC limita el aumento al 4,2%

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Adif pretende subir un 15% en 2017 el canon o peaje que cobra a Renfe y al resto de operadores ferroviarios por circular por la red AVE y las líneas ferroviarias convencionales y por utilizar las estaciones de tren y otras infraestructuras férreas. La compañía pública dependiente del Ministerio de Fomento se ha encontrado no obstante con el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que limita a un tercio dicho incremento, concretamente al 4,2%.

En su preceptivo informe sobre la propuesta de actualización del canon de la red ferroviaria para el año que viene, el ‘superregulador’ considera que una mayor subida de esta tasa supondría una “barrera” al crecimiento del transporte en tren y “podría repercutir en los viajeros del AVE” a través del precio de los billetes de tren. “Los pasajeros que no pudieran afrontar el coste del servicio quedarían excluidos del mercado”, advierte el organismo que preside José María Marín Quemada. La CNMC considera que, “a largo plazo, todo ello afectaría a la demanda, lo que se traduciría en menores ingresos para Adif y Adif Alta Velocidad”.

La propuesta de Adif “podría suponer una barrera a la entrada de nuevos operadores que frenaría la liberalización“, apertura actualmente sólo efectiva para el transporte de mercancía en tren, pero que se ultima para el tráfico de viajeros, advierte el ‘superregulador’.

El canon o peaje que Renfe paga a Adif por utilizar las vías, estaciones y otras infraestructuras ferroviarias, constituye una de las principales partidas de gastos de la operadora, dado que le supone unos 600 millones de euros anuales. La compañía promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias cobra este canon para contribuir a costear la inversión que realiza en la construcción y mantenimiento de las líneas y las estaciones. Además de con el canon, la firma también se financia con bonos, créditos con banca pública y privada, y fondos europeos.

A cierre de 2015, Adif Alta Velocidad presentaba un endeudamiento de 13.983 millones de euros, pasivo un 5% superior al del año anterior y que la sitúa como una de las empresa públicas con mayor endeudamiento.

En su informe sobre el canon que cobra esta compañía, la CNMC también la alerta de que está incluyendo alguno de sus costes fijos en la estructura de diseño del peaje, algo contrario a la legislación europea. El ‘superregulador’ indica que Adif, a la hora de calcular su canon, parte de que el tráfico de viajeros en AVE se “congelará” en los próximos años, una previsión que estima “demasiado conservadora” ante los incrementos récord de usuarios que viene registrando desde 2013.

El Estado podría rescatar a la concesionaria del túnel de El Pertús que adeuda más de 400 millones

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Problemas económicos. TP Ferro, la concesionaria del túnel del AVE de El Pertús, participada a partes iguales por ACS y la francesa Eiffage, ha presentado preconcurso de acreedores en los juzgados de Girona ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda que puede superar los 400 millones. La compañía tiene ahora cuatro meses para intentar conseguir refinanciar parte de esta deuda si no quiere verse obligada a entrar en concurso.

TP Ferro cobra un peaje por cada tren de alta velocidad que usa el túnel del Pertús, ya sea un tren de mercancías o de pasajeros, pero los ingresos obtenidos han resultado muy inferiores a lo previsto inicialmente, por lo que la compañía alega que no puede devolver a finales de este mes el crédito de más de 400 millones que recibió de un sindicato de bancos. Según avanzaba ayer El Confidencial, entre Barcelona y París apenas salen diez convoyes de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, muy lejos de los ochenta proyectados cuando la concesión entró en funcionamiento en 2012.

El túnel consta de dos tubos, uno para cada vía. Los dos tubos están comunicados, cada 200 metros, mediante 41 galerías de comunicación para evacuación en situaciones de emergencia y 4 galerías técnicas para el alojo de las instalaciones del túnel. La sección internacional comprende un túnel bi-tubo de 8,3 kilómetros entre España y Francia. La boca Norte está situada en el término municipal de Montesquieu des Albères, en territorio francés, mientras la Sur se ubica en territorio español, en el término municipal de La Jonquera.

Con la presentación del preconcurso, TP Ferro espera disponer del tiempo necesario par alcanzar un acuerdo con sus acreedores financieros sobre la refinanciación de la deuda, que vence el próximo 31 de marzo.

“El consejo de administración de TP Ferro ha informado al juzgado mercantil de Girona que actualmente hay negociaciones en curso con los acreedores, en vistas de un acuerdo de refinanciación”, ha señalado la empresa en un comunicado.

La concesionaria ha subrayado asimismo que este procedimiento “no afectará de ningún modo” a la continuidad del servicio ferroviario entre España y Francia ni a la organización de la empresa o a la explotación. “La continuidad del servicio público constituye, desde la puesta en servicio de la línea, la prioridad de TP Ferro”, destaca la compañía.

En el caso de que TP Ferro acabe presentando concurso de acreedores, el Estado tendría que hacerse cargo del agujero dejado por la concesionaria, que construyó tanto el túnel de la alta velocidad que atraviesa los Pirineos como el tramo de vía entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia). De esta manera, el Gobierno tendría que salir al rescate de una empresa privada, como ya sucedió hace sólo unos meses con el caso del polémico almacén de gas Castor.