Sigue el lío del AVE a La Meca. El escocés Paul Taggart, experto en la resolución de conflictos internacionales, dictará sentencia sobre las disputas que mantienen árabes y españoles a cuenta de los retrasos en el calendario y los sobrecostes del proyecto de Alta Velocidad La Meca-Medina. Este mediador independiente lleva varias semanas desempeñando su labor. En breve fijará la nueva prórroga y las condiciones en las que se desarrolarán las negociaciones entre el consorcio Al Shoula, que forman 12 empresas española, y la Saudi Railway Organization, SRO, operadora de la línea.
The Railway Gazette aseguraba a principio de noviembre que las partes estaban cerca del acuerdo, bajo la mediación de Paul Taggart y tras la visita a Madrid, los 25 y 26 de octubre, del presidente de la Saudi Railways Organization, Rumaih Mohammed Al-Rumaih, que se reunió con representantes del consorcio y con el, entonces ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá. Éste afirmó, al respecto, que había habido un “buen progreso general” y ahora el objetivo es alcanzar un acuerdo entre la SRO y el consorcio Al Shoula sobre costes y calendario.
Paul Taggart es un consultor con mucha experiencia en resolver disputas empresariales en la industria de la construcción. Es miembro de las listas de árbitros aprobados por organizaciones como FIDIC o Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration y es también miembro de la Dispute Resolution Board Foundation. En la actualidad gestiona conflictos contractuales en Europa, África, Turquía, América Central, Asia y Reino Unido. El escocés ha arbitrado conflictos en la presa Mosul en Irak, el túnel bajo el Canal de la Mancha, el segundo puente del Bósforo en Turquía, los metros de Qatar y Riad y la ampliación con el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
Las empresas españolas se juegan mucho. Si no se alcanza un acuerdo, por cada día de retraso en la entrega de la infraestructura tendrían que pagar 1 millón de dólares de penalización. El consorcio Al Shoula espera que proponga una salida satisfactoria antes de final de año. Antes de su mediación, se anunció que había un acuerdo para ampliar 14 meses más la fecha de entrega, pero el consorcio Al Shoula no lo aceptó porque la SRO exigía que fuera a cambio de renunciar al pago de los sobrecostes.
Seún relatan algunos medios especializados Arabia Saudí estaría dispuesta a una prórroga adicional de otros tres meses sobre la fecha ya retrasada del primer trimestre de 2018, aunque las empresas españolas intentan ampliar el plazo hasta principios de 2019.
Según contaba hace unos días El Confidencial, los retrasos en la fase 1, correspondiente a la entrega de la plataforma encargada a un consorcio chino, se han conjugado con los nuevos requerimientos en forma de modificaciones del proyecto exigidos por la propia SRO. Como consecuencia, el presupuesto de la operación se ha disparado desde los 6.700 millones de euros que estaban previstos inicialmente, generando sobrecostes que algunos de los contratistas españoles estiman en cifras de hasta 1.500 millones de euros. Un importe que el cliente no parece dispuesto a reconocer y que está provocando serias discusiones dentro del propio grupo español, desde el momento en que no todas las empresas se sienten igual de afectadas.
El tiempo juega en contra de los intereses españoles, por lo que la dirección del consorcio considera inconveniente un arbitraje de carácter global que supondría la vinculación de la prórroga a los sobrecostes de la operación.
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