Problemas económicos. TP Ferro, la concesionaria del túnel del AVE de El Pertús, participada a partes iguales por ACS y la francesa Eiffage, ha presentado preconcurso de acreedores en los juzgados de Girona ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda que puede superar los 400 millones. La compañía tiene ahora cuatro meses para intentar conseguir refinanciar parte de esta deuda si no quiere verse obligada a entrar en concurso.
TP Ferro cobra un peaje por cada tren de alta velocidad que usa el túnel del Pertús, ya sea un tren de mercancías o de pasajeros, pero los ingresos obtenidos han resultado muy inferiores a lo previsto inicialmente, por lo que la compañía alega que no puede devolver a finales de este mes el crédito de más de 400 millones que recibió de un sindicato de bancos. Según avanzaba ayer El Confidencial, entre Barcelona y París apenas salen diez convoyes de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, muy lejos de los ochenta proyectados cuando la concesión entró en funcionamiento en 2012.
El túnel consta de dos tubos, uno para cada vía. Los dos tubos están comunicados, cada 200 metros, mediante 41 galerías de comunicación para evacuación en situaciones de emergencia y 4 galerías técnicas para el alojo de las instalaciones del túnel. La sección internacional comprende un túnel bi-tubo de 8,3 kilómetros entre España y Francia. La boca Norte está situada en el término municipal de Montesquieu des Albères, en territorio francés, mientras la Sur se ubica en territorio español, en el término municipal de La Jonquera.
Con la presentación del preconcurso, TP Ferro espera disponer del tiempo necesario par alcanzar un acuerdo con sus acreedores financieros sobre la refinanciación de la deuda, que vence el próximo 31 de marzo.
«El consejo de administración de TP Ferro ha informado al juzgado mercantil de Girona que actualmente hay negociaciones en curso con los acreedores, en vistas de un acuerdo de refinanciación», ha señalado la empresa en un comunicado.
La concesionaria ha subrayado asimismo que este procedimiento «no afectará de ningún modo» a la continuidad del servicio ferroviario entre España y Francia ni a la organización de la empresa o a la explotación. «La continuidad del servicio público constituye, desde la puesta en servicio de la línea, la prioridad de TP Ferro», destaca la compañía.
En el caso de que TP Ferro acabe presentando concurso de acreedores, el Estado tendría que hacerse cargo del agujero dejado por la concesionaria, que construyó tanto el túnel de la alta velocidad que atraviesa los Pirineos como el tramo de vía entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia). De esta manera, el Gobierno tendría que salir al rescate de una empresa privada, como ya sucedió hace sólo unos meses con el caso del polémico almacén de gas Castor.
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