Archivo diario: septiembre 11, 2013

Los tres últimos presidentes de Adif declararán ante el juez como imputados por el accidente en Angrois

accidente-alvia-curva-de-agrandeira

El magistrado Luis Aláez, que investiga el accidente de tren que el pasado 24 de julio provocó la muerte de 79 personas en Santiago de Compostela, llamará a declarar como imputados a los presidentes que ha tenido Adif desde que se inauguró el tramo en el que se produjo el siniestro. Han sido tres las personas que han desempeñado dicha responsabilidad: el actual presidente, Gonzalo Ferre; y Enrique Verdeguer y Antonio González Marín, sus antecesores al frente del Adif, entidad que ha declinado pronunciarse sobre la decisión del juez.

El descarrilamiento de un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en la curva de A Grandeira, presumiblemente por un exceso de velocidad, causó 79 muertes y heridas a más de 150 personas, de las cuales ocho todavía continúan hospitalizadas, una de ellas en estado crítico. El juez precisaba en su auto para argumentar la imputación de los responsables de Adif que las muertes y lesiones que causó el siniestro se encuentran “obviamente conectadas” con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista, Francisco José Garzón Amo, pero precisaba que el gestor ferroviario incurrió en una “imprudencia punible” al descuidar la señalización de la vía para evitar posibles despistes del conductor. Incidía, además, en que un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y, en definitiva, “con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago llamará a declarar como imputados a los consejeros del ente gestor de infraestructuras ferroviarias desde el 11 de diciembre de 2011, cuando se inauguró la línea del tren Alvia Santiago-Ourense en la que se produjo el descarrilamiento en Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de la capital compostelana. Para ello, el magistrado, en un auto emitido ayer, solicita a Adif, a través de su representación procesal, que facilite la identidad “de todas las personas que han sido presidentes y vocales” del consejo de administración. También pide la lista de los que han desempeñado en esta empresa pública los cargos de director de seguridad en la circulación, gerente del área de seguridad en la circulación noroeste y jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste, así como de los inspectores.

En todos los casos, desde el día de entrada en servicio del tramo de la línea ferroviaria en que se produjo el trágico siniestro hasta la fecha actual, “a fin de poderles tomar declaración en calidad de imputados”.

El juez imputó al maquinista, cuatro días después del siniestro, y varias semanas más tarde el caso dio un vuelco cuando también acordó imputar, por apreciar imprudencia, al responsable o responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago a fecha de 24 de julio, día del accidente, para lo que demandó de Adif que le concretase quiénes eran. Adif envió el 29 de agosto la lista de responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago después de anunciar que incluiría a todas las personas que intervinieron en la seguridad en la circulación del tren y en las infraestructuras ferroviarias, desde la construcción hasta la explotación de la línea más todas las competencias que esto conllevase. Dicha relación incluye tanto a las personas del nivel central y general como a las delegaciones de los distintos ámbitos geográficos para dar así “cumplida respuesta” a los informes que solicitó el juez Aláez en su auto.

En un auto emitido ayer, Aláez ya cita como imputados a cinco responsables del administrador de infraestructuras ferroviarias. Según el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dos de ellos están convocados para el 18 de septiembre y los tres restantes al día siguiente. Los cinco responsables del gestor de infraestructuras ferroviarias que ya han sido imputados son el director de Seguridad en la Circulación, Manuel B.G.; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando R.S.; y el jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio G.D. Completan la lista los inspectores Carlos A.G. y Roberto S.A. El juez también anuncia que imputará a las personas que desempeñaron las mismas responsabilidades desde la inauguración del tramo.

El juez rechaza, sin embargo, imputar a Renfe, a petición de un recurso presentado por Baltasar Garzón, que ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas. Aláez descar cualquier responsabilidad de la operadora en el siniestro y valora el papel de la compañía ferroviaria respecto a la seguridad en el tramo en el que se produjo el descarrilamiento.

El magistrado explicaba antes de este nuevo auto los motivos que le conducían a imputar al responsable de Adif, al considerar que corresponde a esta entidad “el control y revisión constante de los elementos que garanticen una correcta y segura circulación y la adopción de las medidas que sean necesarias con el fin primario de evitar accidentes”. Este motivo, aseguraba, no es de aplicación “a la persona de Renfe operadora responsable de la seguridad en la circulación del tramo de la línea ferroviaria”. Además, la operadora “aparentemente ha cumplido con las exigencias legales y reglamentarias”, señalaba Aláez.

Mientras el pleno del Parlamento de Galicia rechazaba la creación de una comisión para investigar el accidente del tren Alvia 151. La iniciativa había sido presentada conjuntamente por los grupos Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG, y quedó rechazada por los votos en contra del Partido Popular y la abstención de los diputados socialistas. Los populares, por medio de su portavoz de infraestructuras, Alejandro Gómez Alonso, argumentaron la falta de competencias de la Cámara autonómica; la existencia de una investigación administrativa, así como otra judicial, mientras también alegaron que con su postura no ha habido “pacto con nadie para tapar nada”.