Definir el ferrocarril del futuro, con vocación de permanencia. El Gobierno de Rajoy cree que este es el momento de «pensar en el largo plazo» para el ferrocarril español, consolidar el sistema y adaptarlo a los retos que plantea el siglo XXI. La intención del Ejecutivo al presentar la Ley del Sector Ferroviario es conseguir que el proceso de liberalización sea «progresivo y ordenado» para «garantizar un adecuado control de las administraciones públicas de la calidad y la seguridad», así como dar tiempo a Renfe para «prepararse para un nuevo escenario de competencia» en los servicios comerciales.
«Ha llegado el momento de consolidar lo logrado y de pensar en el largo plazo, en el ferrocarril del siglo XXI. Esta ley no es para la próxima legislatura, ni siquiera para los próximos diez años, sino que debería ser una ley con vocación de permanencia orientada a definir el ferrocarril del futuro». La ministra de Fomento asegura que el sistema ferroviario «no es patrimonio de nadie, sino de todos los españoles. Hemos aportado lo que hemos podido a consolidar este gran sistema, y este proyecto es una apuesta decidida por las infraestructuras ferroviarias». El proyecto presentado al Parlamento, que establece mecanismos para asegurar la sostenibilidad del sistema, tiene como prioridad la seguridad ferroviaria, traspone directivas europeas e impulsará el crecimiento del sector, aumentará su eficiencia y utilización, y fomentará la innovación. «Es el marco de nuestro sector para el siglo XXI», explica la titular de la cartera.
Ana Pastor plantea un proyecto de ley cuyas principales novedades son la nueva obligación de planificar «rigurosamente» las infraestructuras ferroviarias pensando en la «eficiencia y en la sostenibilidad financiera, desde una perspectiva modal«, un nuevo sistema de cánones que pretende «incentivar el crecimiento del tráfico maximizando el uso de las infraestructuras y garantizando los ingresos de las administraciones», y una eliminación de barreras de entrada para nuevos operadores mediante la eliminación del canon de entrada y la creación de nuevas bonificaciones por el uso de la red. Ana Pastor insiste en que la nueva norma «busca consolidar esas mejoras«, cuyos resultados son «positivos para el conjunto de la sociedad y prometedores de cara a la apertura de nuevas líneas prevista para los próximos meses».
La ministra pone el acento tanto en el nuevo reconocimiento de derechos a las víctimas de accidentes ferroviarios como a las medidas de seguridad que se incluyen en el proyecto de ley, con la creación de la nueva Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y un nuevo régimen infractor y sancionador «más proporcional, efectivo y justo». «No podemos permitirnos dejar algo en lo que nos jugamos tanto para el último minuto, y el mejor modo es hacerlo de forma progresiva y de acuerdo con las organizaciones sociales, como estamos haciendo», insiste Pastor quien resalta que las empresas Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad «son y seguirán siendo públicas» y que «no existe una privatización» ya que la norma «garantiza» las OSP.
La titular de Fomento ha mostrado su «disposición permanente al diálogo» y, tras agradecer a los grupos parlamentarios su trabajo hasta la fecha, les ha invitado a presentar propuestas para mejorar el proyecto de ley en su tramitación parlamentaria. No obstante, ha rechazado sus enmiendas de totalidad, lamentando que ninguna formación haya presentado un texto alternativo para conocer qué modelo proponen. Además, ha rechazado las críticas recogidas en los vetos, comenzando por las que se refieren a la liberalización.
Pastor sostiene que el Gobierno «respeta al máximo» las competencias autonómicas, establece nuevos mecanismos y financiación para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que trabaje «con eficacia, eficiencia» e independencia, y garantiza un sector «moderno y de calidad, mejorando progresivamente los servicios de proximidad y desarrollando a la vez la alta velocidad».
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