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El coste del AVE a Francia se disparó un 18%

El tramo Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa se encareció un 18%, hasta costar 3.760 millones de euros, según el informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas. El documento indica que en la construcción de este tramo fiscalizado se adjudicaron 323 contratos por un total de 3.185,8 millones, si bien se produjo una desviación del 18% por las modificaciones de los contratos, la revisiones de precios y certificaciones y liquidaciones adicionales. Todo ello originó un coste final de 3.760 millones de euros y un precio medio de 28,7 millones por kilómetro, indica el Tribunal de Cuentas, que precisa que se ha fiscalizado un 75% del importe total adjudicado.

En cuanto a los contratos de obras, el 49% de los analizados experimentaron modificaciones que afectaron al proyecto constructivo inicial, lo que supuso un incremento del 11,6% y un importe de 258,8 millones de euros respecto al precio de adjudicación, que ascendió a 2.227,7 millones. Además, se tramitaron proyectos modificados por 2,1 millones de euros para convalidar actuaciones ya ejecutadas con anterioridad, sin cobertura contractual y sin que respondieran a situaciones de emergencia, y el 43,3% de los contratos de obras tuvieron un incremento del plazo de ejecución superior al 150%.

Las obras del entorno de la estación de alta velocidad de La Sagrera de Barcelona registraron “importantes diferencias” entre el trabajo realmente ejecutado, la obra certificada y la abonada, por un importe total de 117,39 millones de euros. Ello obligó a trasladar estas irregularidades a la Fiscalía y a contratar una auditoría externa, según la cual, frente a los 580,7 millones de euros certificados y abonados se acreditaron actuaciones por 463,3 millones, de los que al menos 83,9 corresponden a actuaciones fuera del proyecto contratado.

El pasado jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró el “compromiso explícito” del Ministerio de reactivar las obras de la estación ferroviaria de La Sagrera antes de que termine 2017. Según explica, se prevé que las obras vinculadas a la estación del colector de la rambla Prim -con una inversión de unos 10,5 millones- empiecen antes de verano, y que las obras de la losa de la estación se reanuden en el tercer trimestre.

En cuanto a los contratos de servicios, el precio de adjudicación se incrementó entre un 19% y un 199% por la tramitación de proyectos modificados a causa de deficiencias en el proyecto constructivo inicial, la adecuación del plazo de ejecución del servicio al plazo de construcción de las obras, así como por circunstancias imprevistas sin justificar -algunos de los modificados registraron incrementos superiores al 50%-. También se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución superiores al 100% por la necesidad de coordinarse con los trabajos de las obras y por la obtención de autorizaciones para la realización de las prestaciones del contrato: “Si bien dichas razones pudieran considerarse justificadas, evidencian una deficiente planificación de los trabajos”.

Además se convalidaron trabajos ejecutados sin soporte contractual por 908.000 euros, algo que la Asesoría Jurídica, en su informe de 24 de septiembre de 2015, indicó que era procedente, evitando un eventual enriquecimiento injusto por parte de Adif, aunque manifestó la necesidad de suprimir esta práctica que estaba “adquiriendo una habitualidad no deseable”.

Los contratos de suministros se tramitaron de forma independiente a la ejecución de las obras, lo que motivó ampliaciones del plazo de ejecución que originaron revisiones de precios, incrementando el coste del contrato y poniendo de manifiesto nuevamente deficiencias en la gestión. Así, en los expedientes de suministros se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución que oscilaron entre un 190% y un 225% debido a que el plazo del contrato original estaba afectado por “cierto grado de incertidumbre”, ya que el objeto del contrato (traviesas, balastro o carril) fue solicitado con anterioridad a la redacción del proyecto de montaje de vías y, consecuentemente, antes de la propia licitación de las obras.

El Tribunal de Cuentas explica este lunes las razones por las que el AVE no resulta sostenible

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De mal en peor. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, explica este lunes a las Cortes las razones que le llevan a considerar que el actual modelo de financiación de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad es insostenible a largo plazo, a la luz de su “elevado endeudamiento”. La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas verá su ‘Informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011 y 2013’, en el que se cifra en 9.142 millones de euros el coste amortizado de deuda a devolver a partir de 2017 que Adif Alta Velocidad acumulaba a cierre de 2013.

La situación, mala ya de por sí, podría agravarse una vez venzan los periodos de carencia de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria.

El organismo fiscalizador avisa de que el canon que Adif cobra a Renfe, y a los futuros operadores privados que próximamente entren a competir con la operadora pública en transporte de viajeros en tren, es “insuficiente” para cubrir los costes de mantenimiento de la infraestructura y “garantizar su sostenibilidad económica”. Los operadores privados interesados en competir con Renfe, así como la propia empresa pública, han demandado una rebaja de estas tasas para que el tráfico ferroviario sea rentable, demanda a la que Fomento ha dado respuesta en la Ley del Sector Ferroviario, actualmente en tramitación parlamentaria, que incluye una flexibilización de los cánones para fomentar la entrada de competencia en el transporte en tren.

El Tribunal de Cuentas indica que, ante “la futura liberalización del transporte ferroviario, se requeriría que entre todos los operadores paguen los costes de mantenimiento de la red, incluyendo los gastos financieros y de amortización”. De esta forma, “también se evitará que se produzcan transferencias de fondos del sector público al privado”. El informe del organismo indica que los actuales cánones que Adif cobra a los trenes que circulan por las líneas AVE cubren entre el 49% y el 50,6% de los costes de esta infraestructura.

Mientras que en el AVE Madrid-Sevilla cubren de sobra los costes (el 124% del total), en el AVE a Barcelona apenas contribuyen para costear el 65% de su mantenimiento, porcentaje que se reduce hasta el 16% en el caso del AVE a Valladolid.

El informe del Tribunal de Cuentas recomienda revisar el sistema de cánones para “que sean suficientes para cubrir los costes de administración y mantenimiento de la red”. También aconseja a Fomento y Adif “introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias”. El organismo fiscalizador emplaza a “ajustar mejor las inversiones en infraestructuras a las perspectivas de financiación existentes, priorizando la evaluación socioeconómica de los proyectos que primen la eficiencia en la aplicación de los recursos, no iniciando proyectos no rentables”.