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La Comisión Europea reclama a España mayor trasparencia sobre el dinero público de Renfe

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La Comisión Europea (CE) ha pedido a España que cumpla con la legislación comunitaria que exige la separación de las cuentas de las operadoras de servicios ferroviarios, con el objetivo de que haya una mayor transparencia sobre el uso del dinero público que recibe Renfe. España, “contraviniendo a las exigencias de las disposiciones de la Unión Europea (UE), no garantiza la plena transparencia en la presentación de las cuentas de las empresas ferroviarias”, recalcó la CE en un comunicado, por lo que Bruselas ha decidido dar un paso más en la infracción abierta al país por este motivo. Esto afecta a “las cuentas de los operadores ferroviarios, las compañías que gestionan los trenes, no aquellos que gestionan las infraestructuras, como Adif”, explicó un portavoz comunitario quien señaló que en el caso español, se trata de Renfe.

En concreto, la Comisión quiere más transparencia sobre el uso que se da a los fondos públicos que Renfe recibe del Estado “por los servicios prestados en virtud de las obligaciones de servicio público”. La CE ha enviado a España un dictamen motivado sobre esta cuestión, lo que supone el segundo paso en los procesos de infracción de la Comisión, tras el que el Ejecutivo comunitario puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Gobierno no se responde satisfactoriamente a la solicitud.

La Comisión se mostró “preocupada” por que España “cumpla su obligación de garantizar la plena transparencia en cuanto a la separación de cuentas en el sector ferroviario, tal como exige la directiva” competente, explicó la institución.

La CE señaló que “uno de los principales objetivos de las normas de la UE es garantizar la transparencia en la utilización de fondos públicos para los servicios de transporte público”, con el objetivo de garantizar que todos las empresas que ofrecen servicios de transporte “puedan competir en pie de igualdad, en beneficio de los usuarios finales”. Además, defendió la necesidad de una “contabilidad transparente como la única manera de determinar cómo se gasta el dinero público y si se utiliza con fines distintos de los previstos”. La Comisión decidió también mandar un dictamen motivado a Austria por las mismas razones que en el caso español.

“De hecho, las disposiciones vigentes actualmente en España y en Austria no excluyen que fondos públicos abonados en concepto de obligaciones de servicio público en el transporte de pasajeros se dediquen a subvencionar otros servicios de transporte“, recalcó.

El paquete de normas ferroviarias de la UE busca fomentar un mercado único del ferrocarril “eficiente, sin distorsiones y competitivo”, con una liberalización que permita la competencia entre los distintas empresas de transporte, recuerda además la CE.

Conductores del Metro de Madrid aseguran que hay 118 trenes paralizados, pero la empresa lo niega

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El país de Jauja. El Sindicato de Conductores de Metro de Madrid (SCMM) denuncia que en la capital hay en estos momentos 118 trenes paralizados, “tantos como para dar servicio a los metros de Valencia y de Sevilla juntos”, mientras el tiempo de espera en andenes “cada día es mayor”. El sindicato asegura que Metro de Madrid ha gastado “en el último año más de cien millones de euros en arrendamientos y cánones, incluido el alquiler de trenes que no necesita”, y anuncia que próximamente realizará una campaña de recogida de firmas para exigir “un transporte público y de calidad”.

Según la contabilidad realizada por SCMM en trece depósitos y cocheras de la ciudad, a fecha de hoy hay un “total de 118 trenes y 11 coches sueltos” que están sin funcionar, lo que supera los 96 trenes del parque móvil valenciano y los 21 del Metro de Sevilla juntos, señala en un comunicado.

Desde Metro de Madrid aseguran que “no es cierto que haya trenes aparcados sin funcionar”, aunque reconocen que hay “menos trenes circulando a la vez porque ha bajado el número de viajeros”, ha explicado un portavoz de la empresa. La misma fuente precisa que, aunque la demanda de viajeros ha bajado un 12% en los últimos cuatro años, la empresa ha reducido desde octubre pasado en un 6% el número de trenes que circulan en horas valle, mientras que en horas punta “no se ha tocado” y circulan los mismos que antes.

El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, dijo la semana pasada que “lo que tiene Metro de Madrid son trenes funcionando” y defendió las operaciones de renting de trenes por ser “más favorables” para la empresa, ya que incluyen el mantenimiento.

Para SCMM, en los últimos diez años el Gobierno regional amplió el metro hasta “zonas que los propios estudios de demanda de viajeros realizados por la Compañía lo desaconsejaban. Aun así, el Gobierno regional ejecutó proyectos inviables con la única intención de obtener una rentabilidad política”. Ahora, continúa el sindicato, “quieren hacer pagar a los usuarios y trabajadores de Metro una deuda creada por sus insostenibles ambiciones políticas”, señala la nota en la que también aseguran el Gobierno regional pretende “desprestigiar” a los trabajadores de Metro y a sus representantes.

Los conductores del metropolitano apuestan por “un Metro de calidad”, ya que mantener un buen servicio “evita retrasos, escaleras y ascensores parados por falta de repuestos, cierre de vestíbulos recientemente reformados”. También apuestan por “la reducción de tarifas tal y como ha hecho la ministra de Fomento con el AVE, consiguiendo con esta medida un aumento considerable de viajeros”, o la extensión de la Tarjeta Azul (6,20 euros al mes) a desempleados, estudiantes y rentas bajas, porque “garantizar el buen servicio del suburbano es garantizar su supervivencia”.

Siete mil firmas contra el programa de la Generalitat que propone denunciar la presencia de mendigos en los trenes

La polémica se veía venir por discriminatoria e insolidaria. Y los usuarios de trenes catalanes ya han respondido a las autoridades. Más de 7.000 personas han firmado en contra de la aplicación ideada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) por la que a través de una aplicación móvil se puede denunciar a mendigos o músicos ambulantes que circulen por las estaciones de tren catalanas. El precursor de la protesta es Miquel Rubio, un estudiante de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) que insta a FGC a la retirada inmediata de esta herramienta.

La Generalitat de Cataluña presentaba hace escasos días la aplicación para móviles con la que pretendía luchar contra el vandalismo en los trenes. Mediante dicho programa, se proponía a los pasajeros de los trenes catalanes que denunciaran actos incívicos como arrojar basura, pisar los asientos de los cochess, o rayar cristales. Los autores se enfrentan a multas de hasta 300 euros.

La aplicación fue inicialmente bien acogida. Solo en los cinco primeros días se recibieron más de cien denuncias. Pero algunos usuarios comenzaron a quejarse por uno de los apartados del programa en cuestión que propone denunciar a mendigos. El sistema permite especificar no solo la estación en que se encuentra el indigente en cuestión, sino también el coche y el «tipo de mendigo» al que se postula para que abandone las dependencias ferroviarias. Hace diferencias y establece categorías de este apartado como ‘vendedores ambulantes’, ‘músico ambulante’ y ‘mendigo’.

La polémica llena las redes sociales, y en Twitter algunas voces proponen hacer denuncias falsas para ‘trolear’ la aplicación. Usuarios como @culebrae manifestaba “han creado una #AppFGC para delatar a las personas que no tienen para pagar el billete o piden dinero en el ferrocarril”. Las críticas, lejos de arrecuiar, han continuado hasta el lanzamiento de la conbtrapropuesta.

La aplicación nació principalmente para informar sobre horarios de tren, aunque sus creadores decidieron incorporar otro tipo de utilidades destinadas a alertar a los responsables de FGC sobre comportamientos incívicos. Ahora ha encontrado su talón de Aquiles con otro programa que, según hace constar su creador, pretende luchar con una medida especialmente grave en el actual contexto de crisis y que supone un ataque directo contra la sociedad en general y, sobre todo, contra aquellas personas más desfavorecidas. Por cada firma conseguida para la causa se envía un correo electrónico al destinatario elegido, en este caso el departamento de relaciones públicas de la FGC, con la misma petición. “Es vergonzoso y lamentable que una institución pública como FGC realice estos ataques contra la dignidad e integridad de las personas”, añade el texto.

Un juez condena a los ferrocarriles franceses por un retraso

Algo está cambiando en el mundo ferroviario. Al menos en Francia. La actividad ferroviaria tiene un fuerte impacto en el devenir diario. Y cualquier anomalía provoca efectos devastadaores. Eso es lo que ha determinado un juez francés que ha condenado a la SNCF (empresa pública de los ferrocarriles franceses) por un retraso que impidió a un usuario efectuar un trabajo. La sentencia puede crear jurisprudencia y abrir la puerta a centenares de denuncias similares, según revelan medios locales.

Esta es la primera vez que la compañía de trenes es condenada por un caso similar, según la abogada del demandante Anne-Laure Archambault, que considera que la sentencia “creará jurisprudencia” porque la SNCF ha decidido no recurrirla. Ante esa posibilidad, los medios franceses se preguntan si la empresa no será blanco de una avalancha de denuncias similares.

El demandante, un abogado que vive a las afueras de París, denunció a la SNCF por un retraso de media hora en un tren que debía llevarle a la capital. Por esos 30 minutos el denunciante, abogado de profesión, no pudo tomar otro tren que iba a conducirle a Nimes, en el sureste del país, donde tenía que ir a un juicio. Por ese motivo, denunció a la SNCF para pedir que le indemnizaran por la pérdida de la jornada.

En primera instancia los tribunales dieron razón a la empresa de ferrocarriles, al considerar que el usuario había previsto poco tiempo entre ambos trenes. Pero el Tribunal de Apelación se pronunció en favor del demandante con el argumento de que el retraso se produjo a causa de un fallo de señalización, imputable a la compañía.

Ante esa circunstancia, impuso a la SNCF una multa de 2.836,12 euros por el dinero que el demandante dejó de ganar a causa del retraso, otros 500 por la inquietud generada y 1.500 más por los gastos de abogados.

Desde la empresa aseguran que la sentencia no provocará una lluvia de denuncias porque no todos los casos son comparables. Sus servicios jurídicos indican que casos como éste tienen una treintena al año y que algunos los ganan y otros los pierden, por lo que restaron importancia a la sentencia.

CGT denunciará a Renfe por obstaculizar la huelga en el AVE

El conflicto se agudiza. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que ha tomado “todas las acciones legales” a su alcance para defenderse de lo que llama “agresiones empresariales” que ha sufrido por parte de la dirección de Renfe durante esta semana de paros parciales convocados en el AVE. CGT ha retomado desde el pasado 1 de junio la huelga de los jefes de tren del AVE que suspendió temporalmente el pasado 23 de abril que se lleva a cabo todos los días de la semana, excepto los sábados, en turnos de mañana y tarde. El sindicato dijo que ha interpuesto denuncias por las actuaciones de impedir a delegados de personal y miembros del comité de huelga acceder a los centros de trabajo en periodo de paro.

Como consecuencia de esta denuncia, el próximo viernes 11 el director corporativo de Recursos Humanos y el director de Organización y Recursos Humanos de la Dirección de Viajeros tienen que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 8 para declarar como imputados, según un comunicado de CGT. Otras denuncias se refieren a las actuaciones de suplantación de trabajadores en huelga, estando abiertas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción de Zaragoza.

El sindicato ha interpuesto demanda de tutela de derechos fundamentales admás contra las actuaciones de modificación de gráficos que suplantan a trabajadores en huelga, así como contra la asignación de servicios mínimos a personal de trenes no incluidos en la resolución ministerial de los servicios esenciales, hemos interpuesto. El lunes 29 se celebrará el juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Las protestas de CGT tienen su raíz en el rechazo del acuerdo sobre el desarrollo profesional para el personal de Renfe, que firmaron, el pasado 29 de marzo, los sindicatos Semaf y UGT con la dirección de la operadora ferroviaria, y que la mayoría del personal de la compañía no quiere.

Mientras CGT lleva a cabo sus protestas, la dirección de la empresa, “ayudada por el sindicato gremialista de maquinistas, ha emprendido una serie de acciones, sin escatimar la utilización de todo tipo de métodos, aunque éstos sean ilícitos, para evitar que tengan resultados negativos para sus pretensiones”, lamentó el sindicato convocante del paro